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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Una Justicia decepcionante, politizada y desacreditada

Las mayorías, por el sistema de que sean los partidos políticos los que se repartan las designaciones en los órganos directivos
Miguel Massanet
lunes, 15 de diciembre de 2014, 08:07 h (CET)
Nos asusta el estado de la Justicia en España. No es que se tengan sospechas, más o menos fundadas o discutibles; es que la evidencia de que la politización de jueces y fiscales en todos los estadios de la Administración de Justicia, a medida que el país va perdiendo cada día más su calidad de Estado democrático para irse hundiendo en un fangal de políticos corruptos, incompetentes y egoístas, se ha convertido en un sentimiento generalizado entre los españoles. Lo que deberían ser los tres puntales de la democracia, por su independencia los unos de los otros y por sus respectivas funciones de vigilancia mutua; parece que quienes tienen a su cargo el ocuparse de ello han perdido de vista el objeto por el que fueron establecidos tales poderes, permitiendo confundir sus capacidades de modo que, en la actualidad, no se sabe bien donde acaban los límites de las funciones del Ejecutivo, del Judicial y del mismo Legislativo y donde empiezan sus verdaderas competencias.

Hoy en día, en todos aquellos tribunales colegiados que tenemos en España, no es habitual que las naturales discrepancias que pudieran existir entre sus componentes, acerca de un problema jurídico sobre el que emitir un dictamen, puedan producirse indistintamente, entre jueces o magistrados, diversas opiniones políticas sin que, en el dictamen expresado por cada uno, intervengan sus propias convicciones políticas, sino estrictamente el sentido del deber, la honestidad, la justicia y el interés de aplicar las leyes de acuerdo con el fin para el que fueron dictadas. Por desgracia, obviando los derechos de los ciudadanos y entrando en el peligroso terreno del sectarismo político, lo que suele suceder es que, los jueces de una misma tendencia o ideología, sean de la Asociación de Jueces para la Democracia; Foro Judicial Independiente; la Asociación de Jueces Conservadores o la misma Francisco Victoria o, por su parte, la Unión Progresista de Fiscales o la Asociación Profesional de Fiscales Independientes o cuales quiera otras que pudieran existir; parece que tienen la obligación de pensar, opinar y aunar criterios, no en función de los principios de objetividad y valoración ajustada a derecho de los temas sobre los que se les pide pronunciarse, sino de concierto con los intereses partidarios o tendencias políticas de cada cual que, en definitiva, son las que acaban agrupando intereses en lugar de intentar buscar la mejor y más justa resolución legal.

Lo más peligroso es que, las mayorías, por el sistema de que sean los partidos políticos los que se repartan las designaciones en los órganos directivos, como el caso del CGPJ o del mismo TC; son las que acaban llevándose el gato al agua; algo que no siempre es garantía de que se haya aplicado la ley de acuerdo con su verdadero sentido y objetivos. La generalización (evidentemente no ocurre en todos los órganos judiciales ni entre todos los fiscales del reino, en los que hay personas de probada eficiencia y honestidad) de estas prácticas, algunas decisiones judiciales que han levantado ampollas en la opinión de la ciudadanía y no pocas intervenciones de fiscales que han hecho que se les confundiera con abogados defensores, en casos en los que los encausados han sido personas afines a su ideas y tendencias políticas; han creado la desconfianza generalizada, los recelos, el disgusto y la percepción de que, en España, el Estado de Derecho no es capaz de garantizar una justicia justa y equitativa para todos los ciudadanos.

Un Estado en el que las autoridades, en muchas ocasiones, actúan a impulso de lo que en las calles se reclama, de las presiones que reciben de los partidos políticos o por temor a perder el puesto público al que han conseguido acceder (sea por mandato de los ciudadanos o por los distintos medios extralegales usuales, como el enchufe político, el clientelismo o el nepotismo) o un Estado en el que muchos funcionarios se aprovechan del cargo para enriquecerse, defraudar, cometer corruptelas o aprovecharse de ellas o un Estado donde los partidos políticos en lugar de intentar actuar en beneficio de los ciudadanos, de todos los ciudadanos no de unas minorías determinadas, se dedican a buscar el beneficio propio, aunque con ello puedan entorpecer el normal funcionamiento de la vida ciudadana, las posibilidades de que los ciudadanos puedan trabajar y conseguir un salario digno o actúen con deslealtad o en contra de lo legislado; evidentemente no puede merecer que los ciudadanos confíen en él, se sientan motivados a hacer los sacrificios que se les piden y se muestren dispuestos colaborar en todas aquellas propuestas en las que vean un verdadero adelanto para el país y una promesa de mejora para el futuro.

Resulta decepcionante el que, el actual gobierno del PP, haya dejado en barbecho una serie de promesas que hicieron a los ciudadanos cuando pedían el voto para sacar a España de la ratonera en la que la habían dejado los socialistas, del señor Rodríguez Zapatero. Se le dio todo lo que pedía y, aún más, se le concedió un plus consistente en una mayoría absoluta amplia en las dos cámaras de la representación popular. No obstante, es evidente que, al menos en algunos aspectos determinados, no ha cumplido con lo que se prometió, ha desaprovechado la mayoría que les hubiera permitido aprobar leyes que hubieran sido muy beneficiosas para la nación y, sobre todo, habría puesto coto al desafío independentista desde el primer momento en el que el señor Mas, en un arrebato de “patriotismo”, decidió enfrentarse a la Constitución española. Es evidente que, en el aspecto económico y en el de la imagen de España en el extranjero, no se le puede recriminar nada y, tanto los socialistas como el resto de partidos que insisten en que seguimos en la crisis y que España va a peor, muestran una deslealtad y una falta de sentido común sólo justificada por su interés en recuperar el poder, a pesar de ser ellos los verdaderos causantes de no haber sabido gestionar la crisis.

No obstante, los del PP, han cometido graves errores políticos, han tomado nefastas resoluciones y han tardado hasta el último momento en enfrentarse al problema catalán, poniendo en grave peligro la unidad del país. La promesa de derogar la ley del aborto fue cambiada por dejar una ley en la que también se permitía algunos tipos y ha terminado siendo retirada y con la perspectiva de que ¡como gran adelanto!, las menores de 16 años deberán recabar el permiso paterno. ¿Qué pasa con los más de 100.000 abortos que cada año se llevan a cabo, impunemente, en la nación española?, ¿era esto lo que, de verdad, nos prometieron? Lo mismo se puede decir de los matrimonios gay y de la adopción de menores por estas personas. Nada de todo ello ha tenido lugar, al contrario, los homosexuales y lesbianas se pasean por el país con plenas garantías legales y, en ocasiones, muchos tenemos la sensación de que son mejor considerados que el resto de ciudadanos heterosexuales. Las consecuencias: el gran descalabro, la pérdida de los votos que los socialistas de buena fe les dieron para que salvaran la nación y más de tres millones de votos que, los simpatizantes del PP, les han retirado debido al desencanto que la política del señor Rajoy ha producido en todos los que pensaron que seguiría las líneas implantadas por el señor Aznar y su equipo, que consiguieron sacar a la nación de la mala situación en la que la habían dejado los socialistas del gobierno que les precedió.

El tiempo trascurre muy rápido. Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y no mucho más lejos las legislativas. Entre tanto, el descontento del pueblo a dado ínfulas a una serie de partidos de medio pelo que, no obstante, han conseguido recoger el descontento y canalizarlo, a pesar de que sus propuestas políticas son irrealizables. No queda tiempo para reaccionar y reparar el desaguisado. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos, con gran preocupación, la posibilidad de que España no sea capaz de superar esta nueva etapa a la que está enfrentada.
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