La campaña política y mediática desatada contra la juez Rodríguez-Medel, que al parecer ha dado sus frutos, es un indicio preocupante de erosión de nuestra vida democrática, porque la división de poderes y la defensa de la libertad de los jueces debe ser una prioridad de todos. Nadie puede prejuzgar el resultado final de esta causa que parece provocar tanta inquietud en el Gobierno. España ha sufrido un gran daño a causa de la pandemia del COVID, y algunos aspectos de la gestión sanitaria y política merecen ser investigados con serenidad y plenas garantías para todos. La decisión final de la juez, después de lo anterior, ha quedado en entredicho.
