Nadie pone en duda que la situación por la que estamos pasando actualmente, después de haber pasado por la pandemia del Covid 19, ha dejado en escenario de grave necesidad a muchos españoles que se encuentran inermes después de haber perdido su trabajo, sufrido los efectos del virus o haber sido afectados por las consecuencias de un confinamiento que ha dejado a cientos de miles de pequeños negocios en situación precaria a causa de que, los clientes que habitualmente acudían a ellos para proveerse de los productos que ofrecían, han dejado de hacerlo. Tampoco las grandes empresas han salido ilesas de la pandemia y ya no hablemos de las empresas automovilísticas que, seguramente, son las que más han salido afectadas por la falta de demanda y que ya están dando muestras de agotamiento cuando han tenido que acudir a los ERTES para su personal y otras que ya han anunciado, como es el caso de la NISSAM, que por varias circunstancias y por estar ubicada en la comunidad separatista de Cataluña van a cerrar y se van a instalar en otro lugar donde encuentren más facilidades para su negocio, con la triste circunstancia de que se marcharán dejando a 3.000 trabajadores sin empleo y a 25 mil más de empresas auxiliares relacionadas con ella.

Sin duda que cualquier gobierno, ante una situación en la que muchos ciudadanos están por debajo del nivel de la pobreza, carecen de lo más esencial para sobrevivir y tienen que recurrir a la asistencia social para poder comer; está en la obligación de proveer lo necesario para que el pueblo tenga lo preciso para poder sobrevivir dignamente. Pero una cosa es atender una necesidad debida a unas circunstancias imprevistas, transitorias y extraordinarias para las que ningún Estado estaba preparado y otra muy distinta es la de aprovechando la ocasión, sin consultar con la oposición y utilizando el procedimiento de “ordeno y mando”, con la evidente intención de atribuirse todo el mérito y con evidentes fines electorales, sin que existiera necesidad de prolongar más de lo necesario estas ayudas, actualmente imprescindibles, y sin saber si, de aquí a unos meses, cuando los efectos de la pandemia muestren su verdadera dimensión en el ámbito comercial, social, económico y productivo, España no esté en condiciones de asumir un gasto que se estima en más de 3.000 millones de euros, reconocidos por el propio Gobierno, lo cual no quiere decir que, en realidad, no sean muchos más lo necesarios para más de 850 mil familias, presuntamente beneficiarias de esta renta básica.

Cada vez parece que van a ser más los subsidiados no productivos ( que no crean, producen o inventan algo de utilidad para el resto de la sociedad) que van a ser beneficiarios de la renta mínima y, por el contrario, menos los currantes, los que tengan que dar el callo y los sacrificados que tengan que pagar impuestos, cotizar a la Seguridad Social y esforzarse para que, muchos de ellos se encuentren que ganan lo mismo o menos que los que tengan derecho a percibir el salario básico que se está estableciendo. Es obvio, porque los mismos socialistas y comunistas que nos están gobernando (si se entiende que, para ellos, gobernar no es más que ejercer la autoridad e imponer, velis nolis, su voluntad que, evidentemente, en raras ocasiones coincide con lo que sería conveniente para el pueblo español y para su bienestar.) lo vienen reconociendo y anunciando, que para poder pagar esta cantidad de millones que se van a necesitar, va a ser preciso aumentar considerablemente los impuestos.

Nadie se crea este bulo que están propagando nuestros gobernantes de que, quienes van a pagar mucho van a ser las grandes empresas, las multinacionales, los ricachones o los grande hacendados, porque esto no es más que un cuento chino del que se valen los demagogos para intentar vendernos el que, si se suben impuestos es para que las clase media y la obrera (en este caso cada vez menos numerosa) vayan a quedar exentas de contribuir al pago de los gravámenes que nos impone el Estado o de aquellos ya existentes que van a incrementarse. Por experiencia, los que formamos parte de esta numerosa clase media que, actualmente, está formada por la mayoría de los que verdaderamente contribuyen con sus dineros a aumentar las arcas del Estado, sabemos que, digan lo que digan los gobernantes, los que siempre salimos perjudicados con los tributos estatales somos nosotros. Todos compramos alimentos, todos usamos los transportes, viajamos en coche, necesitamos vestirnos, pagamos por energías, como la eléctrica o el gas, hacemos operaciones bancarias, acudimos a los bares y compramos la prensa; en cualquiera de estas operaciones existe uno o varios tributos que las gravan. Hablamos de que, aparte del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, los ciudadanos pagamos toda una serie de impuestos indirectos, recargos autonómicos, tasas municipales, etc., que también van subiendo sin que, aparentemente, nos afecten directamente, sólo en el caso de que hagamos aquella operación que está gravada algo que, evidentemente, es obligado hacer si queremos seguir viviendo y gozar de un cierto nivel de vida.

Esta misma mañana hemos estado escuchando por la COPE al ministro Escrivá, de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, que ha estado explicando la gran complejidad que supone la aplicación de la renta básica, la necesidad de controles que van a ser necesarios, las comisiones interterritoriales que van a tener que constituirse para que esta norma funcione. Burocracia y más burocracia, más funcionarios, más enchufados y menos gente que produzca que es lo que, realmente, más necesita nuestra nación. Más sueldos, más dietas, más primas y más derroche. Si ya el funcionariado ha venido aumentando, tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas, es evidente que, para controlar el tema de la Renta básica, va a ser necesario multiplicar el personal adecuado para vigilar que, quienes cobren sean realmente los que se lo merezcan y, como esta prestación va a tener el carácter de permanente, que quienes la perciban no lo hagan fraudulentamente. Y ustedes se preguntarán ¿cuánto va a costarle al Estado (al bolsillo de los contribuyentes) todo este personal que va a ser preciso para el control de que las prestaciones las perciban los que realmente están más necesitados? Esto no lo han contado ni lo van a decir, pero se pueden imaginar que no va a ser una nimiedad.

Pero todos sabemos que en España, desde tiempos inmemoriales, existe enraizada en muchos de los españoles una cierta propensión a lo que en italiano se expresa como “dolce far niente”, nosotros puede que lo designáramos como falta de amor por el trabajo o vagancia, para ser algo más precisos. Esta picaresca tan bien recogida por los grandes literatos del Renacimiento y el Barroco como Mateo Alemán, Quevedo, Cortés de Tolosa y otros muchos en obras como El Guzmán de Alfarache, La vida del Buscón, El lazarillo de Manzanares o la archiconocida Vida del Lazarillo de Tormes; continua sin solución de continuidad, estando vigente en el siglo XXI con casi idénticas características que se daban en época de aquellos grandes clásicos. Desde los PER de Andalucía, que desde 1987 se viene disfrutando por los campesinos temporeros, pese a haberse instaurado como una ayuda temporal, hoy convertidos en un semillero de chanchullos en los que participan sin distinción, obreros del campo y empresarios, de modo que allí, todo quisque percibe una ayuda que estaba reservada para quienes verdaderamente loa precisasen.

Lo que no quiere decir que siempre haya quienes aprovechan la situación de paro, la falta de obligación de acudir al trabajo (por ejemplo, las bajas de complacencia dadas por los médicos de la Seguridad Social) para agenciarse con una ayuda pecuniaria más, haciendo trabajos clandestinos, vendiendo cosas, trabajando en el campo o, simplemente, haciendo labores domiciliarias o trapicheando, con lo que, aparte de contribuir a la economía sumergida que tanto perjudica al comercio, no hacen más que castigar a quienes cotizan para que ellos puedan cobrar sus pensiones o su desempleo. Y una apostilla más: ¿Cómo es posible que se destinen miles de millones a crear un gasto público con carácter definitivo para todos los españoles, cuando muchos de quienes tiene derecho a percibir ayuda por la Ley de Dependencia no pueden , a pesar de habérseles reconocido el derecho, a cobrarla de inmediato, sino que están obligados a esperar para recibir la prestación durante periodos que pueden superar el año y medio; una ayuda que se supone que es urgente que la pueda percibir aquella persona que están al cuidado de un enfermo imposibilitado.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no llegamos a entender la frivolidad con la que nuestros gobernantes deciden gastarse el dinero de los españoles, utilizando la demagogia para justificar decisiones (en este caso utilizando el estado de Alarma con motivo de la pandemia del coronavirus) de tipo político que para nada tienen que ver con la pandemia, para intereses de partido, electorales, marrulleros y destinados evidentemente a perjudicar a los partidos de la oposición. En esta caso concreto ha sido una de las argucias conocidas del señor Pedro Sánchez apoyado por su Rasputín particular, el señor Pablo Iglesias para intentar hacerse perdonar la pésima gestión, llena de contradicciones y falsedades, con la que se han enfrentado al Covid 19, una de las peores, sino la peor, de las que se han llevado a cabo en los 190 países que han tenido la desgracia de sufrir el contagio de la pandemia. Pero estos señores que nos gobiernan, por fas et nefas han decidido que se ha de gobernar a la brava lo que, naturalmente, nada tiene que ver con una verdadera democracia.