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Etiquetas:   Política   -   Sección:   Opinión

Injusta amnistía fiscal

La amnistía de hace dos años fue muy criticada por casi todo el mundo, y no me extraña, porque existen numerosas razones para ello
José Manuel López García
martes, 9 de diciembre de 2014, 08:21 h (CET)
Esta amnistía de hace un par de años me parece injusta desde criterios éticos, y considerando la igualdad respecto a los derechos y deberes de todos los contribuyentes. Los ciudadanos perciben un agravio comparativo injusto, porque no están siendo tratados con los mismos parámetros. Porque si el motivo principal de la amnistía fue pillar algo del dinero no declarado, no es necesario dar ventajas en lo que se paga por IRPF cobrando entre un 8 y un 10 por ciento frente a un 50 por ciento, o más en ciertos casos. Digo esto con el máximo respeto a la Agencia Tributaria, y con una intención constructiva expresando mis opiniones.

Aunque también es verdad que Hacienda está investigando un cierto número de cuentas y bancos de todo el mundo esto no justifica, en mi opinión, el dar beneficios a los que declaran su dinero negro. Ya que, en el fondo, es lo que pasa. Porque los ciudadanos que cobran nómina están estrictamente controlados. Esto no sucede, según dicen los expertos, con las grandes empresas, bancos, etc. Y los trabajadores que viven de un sueldo son fácilmente investigables por la Agencia Tributaria, cosa que no ocurre con el mundo empresarial, y con la economía sumergida que es una parte considerable del PIB en España.

La amnistía de hace dos años fue muy criticada por casi todo el mundo, y no me extraña, porque existen numerosas razones para ello.

Si bien es cierto, que el Gobierno en su momento dijo que los que no declararan sus bienes en negro, deberían hacer frente a multas enormes que les podrían llevar a perder todo su dinero. Pero esto suponiendo que Hacienda lo pueda averiguar y probar, con lo que esta promesa del Ejecutivo, a mi juicio, es una simple declaración de intenciones, pero no creo que se plasme en la realidad con resultados consistentes y tangibles.

En mi modesta opinión, la mejor política fiscal pasa por investigar a los posibles defraudadores de forma implacable, y con muchos más medios humanos y materiales. Y establecer las mismas condiciones para todos en lo relativo a la declaración de todos los bienes. Esto es lo realmente justo y equitativo.

Son necesarias muchas más inspecciones en los casos sospechosos, con más investigación, por medio de equipos más numerosos que indaguen a través de Internet, y con los sistemas más avanzados. De este modo, se perseguirá más eficazmente el fraude a la Agencia Tributaria.

Lo que es incoherente es que los ciudadanos tengan que soportar una carga impositiva que, aunque vaya a ser reducida algo, sigue siendo elevada, entre otras causas, por no detectar cantidades astronómicas de fraude, que de ser descubiertas, aliviarían, significativamente, la cuantía del IRPF que paga cada ciudadano español.

La redistribución de la riqueza ante el mínimo crecimiento económico de España en estos momentos, puede ser potenciada y aumentada, precisamente, con una reforma fiscal que aumente, considerablemente, la contribución de las grandes empresas, multinacionales y las grandes fortunas a la Hacienda pública del estado y, consecuentemente, de los españoles.

Los argumentos que esgrimen el temor a que se deslocalicen empresas, si se incrementa la presión impositiva, me parecen, al menos, discutibles. Porque las empresas pueden marcharse, simplemente, al mercado asiático, o a otros países europeos por los costes salariales y por las condiciones laborales, y no por los impuestos.
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