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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Afinsa y Forum: la postura oficial

Antonio Pérez Gallego (Madrid)
Redacción
jueves, 4 de enero de 2007, 21:54 h (CET)
El Gobierno ha llegado a manifestar que la presunta estafa filatélica proviene de “una actividad privada o empresarial que no ha obtenido los beneficios estimados”.

Esta afirmación resume a la perfección la postura oficial, tachando de
ingenuidad a los inversores que tras más de 25 años, en los que las empresas
filatélicas han desarrollado su negocio, instrumentalizado mediante unos
contratos legales en donde se garantizaban unas revalorizaciones pactadas,
de una actividad que año tras año se adecuaba al marco legislativo, cerrando
sus cuentas y tributando por un beneficio. Ahora resulta que dicho beneficio
no existe. Deberían decirnos a todos ¿dónde está la inexactitud de su
cálculo? ¿qué principios contables deben observarse y cómo debería cerrarse
el Balance de las Compañías? Y, una vez determinado el nuevo beneficio y -
como mantienen - , en caso de no existir, reintegrar el 35% que, en concepto
de Impuesto de Sociedades, las empresas han depositado en las arcas del
Estado. Porque no es de recibo intervenir las sociedades, cerrar sus cuentas
a esa fecha, no valorar las series filatélicas, contabilizar los derechos
con los clientes en el pasivo de la contabilidad y ¡aquí paz y después
gloria!
El Estado y sus Instituciones, no sólo se han desvinculado de su función
legislativa, encomendada por la Ley sino que han dado la “auténtica medida”
de su implicación y ayuda a los afectados.

Desde que partió la decisión de intervenir las sociedades, de
interrumpir la actividad empresarial, desde ese mismo momento, las
repercusiones para el conjunto de los inversores tendrían tal magnitud e
irreversibilidad como si los delitos imputados se dieran por ciertos, sin
tan siquiera ocurrir un pronunciamiento por los juzgados competentes. ¡Qué
contrasentido! Y, en caso de existir evidencias de irregularidades ¿no había
otra forma de hacer las cosas?
Cuando un ciudadano, en el ejercicio de su libertad individual, se dirige
a depositar sus ahorros a una ventana abierta que cuenta con el beneplácito
de las autoridades, a una empresa legalmente constituida, debe conocer el
riesgo que asume, entre los que no cabría citar una intervención del calado
y consecuencias por todos conocidos.
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