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Etiquetas:   Reales de vellón  

Compañías aéreas y de bajo coste

Sergio Brosa
Sergio Brosa
martes, 26 de diciembre de 2006, 10:02 h (CET)
Publica The New York Times una noticia de la agencia Reuters, en la que informa de una serie de compañías aéreas estadounidenses que han elevado sus tarifas aéreas, para hacer frente al alza en los precios del combustible de aviación.

Así, American Airlines y Delta Air Lines han incrementado sus precios en la mayoría de trayectos domésticos, mientras que US Airways y Continental Airlines no han alcanzado tal aumento y United Airlines y Northwest Airlines dicen estar estudiándolo. Normalmente, las compañías aéreas tienden a retroceder los incrementos de tarifas si no los secundan sus competidores. El reto en este mercado es conseguir que los competidores te sigan.

American, la compañía aérea más grande de USA, perteneciente a la ARM Corporation, holding de compañías de aviación –American Eagle, Executive Air, etc.– elevó el precio entre 5 y 20 dólares por trayecto, el miércoles, dependiendo de la extensión del vuelo, según palabras del portavoz de la compañía, Tim Wagner.

Por su parte, Delta elevó el precio el jueves, en 10 dólares por trayecto, según dijo la portavoz, Betsy Talton.

El combustible es hoy un 15% más caro que en esta misma época del año pasado. Pero el promedio de tarifas es más bajo que en el año 2000 y anteriores. ¿Cómo pueden subsistir entonces las compañías aéreas? Pues sobre la base de una buena gestión de sus recursos, optimizando costes y dando un buen servicio. Lo de siempre, con una capacidad gerencial excelente.

¿Pero y las compañías denominadas de bajo coste? Llevamos unos cuantos días en que los noticiarios nos asaltan con el cese gubernativo de una compañía española de bajo coste que ha dejado a miles de pasajeros en tierra. Cuando las autoridades de Aviación Civil hablan de “falta de seguridad” como uno de los motivos para haber retirado la licencia operativa de la susodicha, se nos ponen los pelos de punta. Luego nos aclara un político de alta visibilidad que se trata de “seguridad en la prestación del servicio y no en un peligro en el vuelo en sí mismo”.

Nos tentamos la ropa y tratamos de asimilar la información política sobre la cuestión. Tragamos saliva y nos esforzamos por creernos que los sucesivos y reiterados retrasos en los vuelos constituyen “la inseguridad en la prestación del servicio” y no en el servicio –vuelo– en sí mismo. No sabemos a qué atenernos.

Pero hay un hecho cierto: miles de pasajeros con billete se quedan en tierra. No vuelan a sus destinos. La compañía, por hacerse con un nicho de mercado suculento, se especializa en vuelos a ultramar. Los domésticos los hace cualquiera, se dirían sus dirigentes; nosotros, a Latinoamérica que hay muchos que van y vienen y no disponen de recursos para viajar en las compañías regulares.

Y así, el Ministerio de Fomento, con el dinero de todos los españoles, hace frente a parte de los compromisos de aquella compañía privada, fundada para obtener un beneficio económico. Aunque la mayoría de los viajeros se quedan sin volar en cualquier caso.

Hay una pregunta políticamente incorrecta, sin duda que a uno le asalta, pero que ahí está. ¿Ha de costear el erario público el desacierto de quienes escogieron tal compañía para sus viajes?

Si compro una caja de galletas surtidas y me salen agusanadas, las autoridades públicas de consumo me ayudarán a reclamar al fabricante, pero no me pagarán una caja de galletas garantizada de otra marca. Y si hemos sido muchos los compradores de las galletas deterioradas, hasta las autoridades sanitarias tomarán cartas en el asunto. Pero no se cuestionarán ni un solo instante si han de procurarme unas galletas en condiciones; simplemente no lo harán.

Dice la sabiduría popular que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y es manifiesto que lo más barato no puede ser nunca sustitutivo de aquel bien o servicio a un precio razonable. ¿Dónde está el término medio, entonces? ¿No podrían las autoridades indicarnos que determinados bienes y servicios ofertados por debajo de cierto nivel de precios pueden adolecer de “seguridad en el servicio” y desaconsejar su adquisición? ¿Se pone entonces en entredicho la calidad de servicio de una empresa, su nombre y su reputación? Puede que sí. Pues, en tal caso que asuman todos, sector público y concurrentes en un mercado, su responsabilidad. Y siempre será menos gravoso para la administración tratar con un sólo comerciante afectado que con miles de usuarios perjudicados, a los que nunca podrá compensar.

Si tenemos ya asumido el concepto de medicina preventiva, quizás sea llegado el momento de introducir el comercio preventivo. La información preventiva sobre el comercio evitaría muchos descalabros. De hecho, ya hay organismos del estado que lo vienen practicando desde hace años en ciertos sectores de la economía. Y vaya si en no pocas ocasiones pecan por exceso advirtiendo sobre empresas y personas, en favor de supuestos miles de usuarios futuros. Aunque no atienden reclamaciones de empresarios por el desdoro sufrido debido a un exceso de celo por parte de la administración. Pero esa es otra cuestión.

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