Se nota que llegan las elecciones autonómicas. ¿Por qué lo digo? Pues porque la Junta de Castilla y León nunca ha dado cancha al profesorado ni a nadie en planes, proyectos y planificación y, de repente, quiere saber la opinión de la comunidad educativa antes de elaborar una norma propia sobre la Educación Secundaria Obligatoria. Y todo con el presunto afán de elaborar una norma que se adapte a la LOMCE.

¿Acaso el ministro, José Ignacio Wert, no tenía claras las ideas cuando ‘trituró’ la LOE para llegar al engendro que es la LOMCE? La bola se la ha rodado a las comunidades autónomas, como era de esperar. Bien es verdad que nadie esperábamos nada sensato de este ministro tan denostado por la comunidad educativa, incluso dentro de su propio partido. Ya decía en pequeño comité un miembro destacado de su gabinete: “Si no ha sabido ‘sujetar’ un matrimonio, es imposible que sea capaz de afianzar todo un sistema educativo”.

El afán de la Junta de Castilla y León por hacer una norma propia --cuando su mayoría política está en este momento muy por debajo de la que ha mantenido esta legislatura-- me parece improcedente y un atrevido brindis al sol. Una de dos: o no tiene ni puñetera idea de por dónde empezar o quiere dar una muestra de transparencia que no ha dado nunca. De todos es sabido que, si por algo se caracteriza el Gobierno de Juan Vicente Herrera, es por no tener transparencia en ningún aspecto: no hay más que echar una mirada al HUBU, al caso Lasarte, a la trama Gürtel en Castilla y León, al tema de dietas, coches oficiales y al abuso de la libre designación en consejerías y órganos varios.

Para adaptar la ESO a la LOMCE, la Consejería de Educación va a poner a disposición del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos que imparten dicha etapa, una encuesta. Con ella se pretende que la comunidad educativa aporte sus opiniones, quejas y sugerencias, partiendo de su experiencia personal. Sin duda hubiera sido muy bien recibida en otro momento pero ahora suena a maldad, peloteo, desconsideración y zanahoria sin palo visible.

Pero ya verán ustedes cómo ni siquiera se preocupan de la ESPA ni de la ESPAD. Han tenido catorce años para adaptar la educación de adultos y se han quedado a mitad de camino, con lo que han generado un desconcierto brutal: nadie en la Consejería de Educación ni en los Servicios periféricos conoce en profundidad la problemática de esta variante del sistema educativo, de la que solo se acuerdan cuando llegan las elecciones municipales, porque el alumnado adulto acude a las urnas y vota. Lo que no han contemplado es que desde muchos centros de EPA el alumnado ha sido puntualmente informado de la catástrofe educativa y de la pésima organización generada por la Junta –a pesar de lo que ellos se recrean en sus propias falsedades-- además de los asuntos visibles de corrupción, abuso, desconsideración y desprecio a la ciudadanía. Es suficientemente conocido que desde la propia Consejería de Educación se ha hecho más daño que beneficio; un daño que -- en muchos casos-- se ha incrementado al intentar ‘meter mano’ donde no deben las diferentes ‘correas de transmisión’ de la consejería en las diversas provincias de la Comunidad. “¡Joder, qué tropa!”, que diría Romanones.

La encuesta va a ser anónima. No podría ser de otra forma porque, entonces, el cachondeo hubiera sido mayúsculo. Al parecer los datos solo serán tratados de forma agregada, de ahí que la Consejería de Educación no haya encontrado dificultad para gastar un dinero que no tiene y ha pedido colaboración a la empresa SIGMA DOS. Ésta será la encargada de realizar el análisis de los resultados.

Ayer nos comentaban varios sindicalistas --de esos que llevan liberados veintiún años en el sector docente-- que el profesorado no ve muy clara la intención de la Consejería de Educación. Al menos espera que no se convierta en una tropelía más de las muchas que se cometen en las diversas consejerías. No hay más que mirar a la Consejería de Hacienda y comprobar que no cumple ni siquiera con su propia normativa: finaliza noviembre de 2014 y no se ha dignado en enviar la segunda parte de los gastos de funcionamiento a los centros públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla y León. Facturas y facturas se amontonan en los centros educativos, con lo que se puede decir que la Junta de Castilla y León es la entidad que más daña a las empresas pequeñas porque no paga en tiempo, forma y cantidad. ¿Entienden ustedes por qué digo muchas veces que la propia Junta de Castilla y León fomenta el cierre de talleres, comunidades de bienes y empresas en general?

Muchas de las consejerías de la ‘finca’ de Juan Vicente Herrera hace tiempo que perdieron la vergüenza, de ahí que la ciudadanía reitere que también las perdió el respeto. Ello lleva a pensar que una legislatura más del Partido Popular al frente de la Comunidad, sería algo así como un atentado al sentido común. Algo que no se puede consentir es la existencia de demasiada gente profesional de la política que pretende repetir y seguir aupado en la ‘mamandurria’.