El Senado ha aprobado esta semana la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Después de muchos meses de debate, primero en el Parlamento autonómico, después en el Congreso y por último en la Cámara Alta, parece que por fin los partidos se han puesto de acuerdo en una cuestión que viene convertirse en clave no sólo para el futuro de los andaluces, sino para la configuración del Estado Autonómico español en esta segunda fase de descentralización. Aprobado el Estatuto catalán, el texto andaluz viene a dejar claro que las limitaciones competenciales son, o al menos pueden ser, similares para todas las Comunidades Autónomas.
Tanto es así que muchos de los artículos del nuevo Estatuto andaluz están calcados literalmente del catalán. Una cuestión trascendente, sobre todo si tenemos en cuenta que esta reforma ha sido aprobada con la conformidad de todos los grupos políticos –excepto el Partido Andalucista, curiosa contradicción-. Por una vez, PSOE y PP se han puesto de acuerdo en un tema tan espinoso como el de las autonomías. Y es que el líder de los populares en Andalucía, Javier Arenas, era consciente de que no podía permitirse el lujo de quedar fuera del pacto estatutario. Bastante fácil lo tiene ya Chaves como para servirle el turrón en bandeja de plata.
Así las cosas, sólo queda un paso para que la reforma estatutaria sea definitiva: el referéndum. Técnicamente se trata de un trámite, porque parece obvio que, con las fuerzas políticas mayoritarias de acuerdo, los andaluces apoyarán en una inmensa mayoría el texto. Sin embargo, sobre esta consulta, que previsiblemente se celebrará el próximo 25 de febrero, se cierne la amenaza de la abstención. Si en Cataluña menos del cincuenta por ciento del censo acudió a las urnas, no sé qué nivel participación se puede esperar de una Comunidad con mucho menos sentimiento identitario. Ahora toca a los partidos entusiasmar a los ciudadanos. ¿Podrán?
