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Etiquetas:   El crisol   -   Sección:   Opinión

Sacarlos del barro

Pascual Mogica
Pascual Mogica
martes, 19 de diciembre de 2006, 22:15 h (CET)
Mucho se está diciendo sobre las víctimas de la represión franquista. Hasta se ha llegado a la ruin habladuría de que lo que los familiares de estos quieren es cobrar. A este respecto los afectados han dicho que no les guía tal fin si no el de que sus familiares ejecutados sean tratados como personas cuyo único delito fue el de tener una ideología distinta de la de los golpistas del 18 de julio de 1936. Pero, y es mi opinión, si se ha indemnizado a los familiares de los asesinados por ETA como también se ha hecho con las víctimas del 11-M, ¿por qué los que cayeron víctimas del terrorismo de un Estado bajo la dictadura de un general subversivo, no pueden tener ese mismo derecho?

Hay quien se ha manifestado en el sentido de que todo esto hay que enterrarlo y olvidarlo. Enterrado está, pero quien puede olvidar a un familiar represaliado que un mal día fue sacado de su casa a la fuerza y del que nunca más se supo. Que cosas tan duras hay que oír. Esto es tanto como admitir que esas personas desaparecidas no existieron nunca. ¡Que barbaridad!

Hay jueces como el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Requero, que dice que si en la Ley de la Memoria Histórica se contempla la anulación de los juicios sumarísimos ello traería consigo el que dentro de algunas décadas cualquier Gobierno podría anular las sentencias dictadas hoy contra los terroristas de ETA. O sea, que según Requero, esos a los que Franco decidió eliminar por su distinta ideología, eran terroristas. No voy ha hacer más comentario sobre las palabras de semejante idiota.

También hay asociaciones de jueces, afectas a la derecha, que dicen que no hace falta que se haga ninguna Ley, que el actual marco jurídico “regula perfectamente” el procedimiento de revisión de resoluciones firmes. ¡Cuánto cinismo! Máxime cuando está reciente la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la revisión de la condena a muerte de los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granado, en 1963 y que después se demostró que ellos no habían perpetrado los atentados por los que fueron juzgados, condenados y ejecutados. ¿Es este “el marco jurídico que regula perfectamente el procedimiento de revisión de resoluciones firmes”? Menudos payasos.

Al parecer, según dicen algunos, lo que se pretende con la Ley es un reconocimiento moral de las víctimas del franquismo. A esto respecto solo cabe recordar que los reconocimientos morales no necesariamente reparan el daño. Si efectivamente la Ley es para eso, bastaría con un simple pronunciamiento por parte de las Cortes Generales y aquí paz y allá gloria.

A mi modo de ver como se va debatiendo esto pública y políticamente, creo que el único que se ha expresado correctamente, el único que ha dado en el clavo, seguro estoy de que sin pretenderlo, ha sido el portavoz de Justicia del PP, Manuel Atencia. Este ha dicho que al pretender la superación de viejas heridas se está “removiendo el barro”. De eso precisamente se trata, de sacar a las víctimas de la represión franquista del barro de la ignominia y sacarles del barro debajo del cual están enterrados para que su memoria perviva con decoro y para que tengan una sepultura digna. Sin desearlo, el diputado de la derecha, Atencia, nos ha señalado cual es el verdadero el quid de la cuestión.

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