Escribo estas líneas apenas unos minutos después de que, ayer, los Mossos d'Esquadra desalojaran de Can Ricart a los ocupas que, desde el pasado 2 de diciembre, estaban instalados en las fábricas vacías del complejo febril del barrio de Pueblonuevo de Barcelona. La decisión del desalojo está fundada por una autorización judicial que requiere a la policía autonómica catalana la devolución de las naves y terrenos a su legítimo dueño. No podía ser de otra manera. La autoridad judicial debe garantizar la propiedad privada como uno de los derechos básicos de los ciudadanos y la recientemente celebrada Constitución así lo establece en el artículo 33, dentro del Título Segundo dedicado a los derechos y libertades.
Pero todo lo que rodea al mundo ocupa va un poquito más allá del derecho a la vivienda digna y el reclamo de ésta por muchos jóvenes. A principios de diciembre, a penas cuarenta y ocho horas después de la ocupación de Can Ricart, estuve en las naves que los ocupas desalojados de La Makabra estaban adecentando para poner en marcha las actividades que en este lugar habían mantenido durante muchos meses. La primera impresión fue de caos y anarquía. Suciedad, pintadas en las paredes, desorden, cierta pobreza... Pero la visita fue guiada por uno de los representantes de los ex-ocupas de La Makabra, el actor Marc Sempere, y a medida que nos explicaba lo que pretendían hacer en esos espacios vacíos nos iba convenciendo. ¿De qué? De una forma de vida diferente a la que estamos acostumbrados.
Como si de Diógenes de Sinope fuesen los ocupas no buscan riquezas, no quieren propiedades y, no lo olvidemos, más de uno -muchos, seguramente- son hijos de buena familia que la opción de vivir como un ocupa no es más que un momento de rebeldía de sus vidas. Algo que contar a los nietos dentro de muchos años. Su causa es admirable, como la supuesta vida de Diógenes hace ya catorce siglos, pero el método -delictivo- es repudiable. Bajo qué supuesto moral se podría admitir una ocupación colectiva en unas naves de unas fábricas y rechazar una ocupación de una familia que no pueda mantener el coste de un alquiler o el pago del mantenimiento de un piso en propiedad. La ley debe regir igual para todos.
Bien asesorados como están los ocupas, al menos en Barcelona, se dedican a invadir la propiedad privada de lugares en los que saben que no hay actividad diaria. Pero sólo la propiedad privada, nunca los edificios, locales o fincas de titularidad pública. Saben que mientras actúen de esta manera la justicia -siempre tan lenta en este país- no puede requerir una actuación rápida de la policía. No ocurriría lo mismo si el titular fuese una institución pública. Algo, por otro lado, que sorprende ya que uno de los argumentos de las ocupas, siempre, es la de compartir la utilidad con aquellos ciudadanos que lo deseen y por lo tanto en manifestar la intención de gestionar algo que consideran público.
Que es una forma de vida diferente no cabe duda. Que es un mundo aparte en el que el fin último es vivir a su manera tampoco debemos ponerlo en cuestión. Ahora bien, y repito, la ley debe ser igual para ocupas y terratenientes, para cristianos y para musulmanes, para ricos y para pobres.
Será difícil que el movimiento ocupa se desarraigue de zonas como Barcelona. Durante muchos años se ha permitido, o como mínimo no se ha puesto mucho empeño desde las autoridades municipales y autonómicas para evitar, que todo lo que rodea a esta forma de vida fuera bien acogida en la ciudad de los Juegos Olímpicos de 1992. No hace mucho, en un programa radiofónico de una emisora local catalana, preguntado uno de los ocupas desalojados de La Makabra, y antes de ocupar Can Ricart, sobre si una posible solución sería que el Ayuntamiento barcelonés facilitase unos locales donde realizar las actividades lúdico-festivas (circo, malabares, teatro...) que estaban llevando acabo, la respuesta fue contundente: no. La argumentación fue que no querían tener horarios estrictos y fijados por el Ayuntamiento. No quieren entrar a participar en el juego de la legalidad y las reglas que nos hemos marcado y debemos respetar.
De momento, no hay solución posible.