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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Responsabilidades profesionales

José Carlos Navarro (Mérida)
Redacción
domingo, 10 de diciembre de 2006, 22:55 h (CET)
Es muy habitual enterarnos por los medios sobre condenas por responsabilidades profesionales, de tal médico que no tuvo en cuenta una prescripción por no habérsele facilitado adecuadamente, con resultado de muerte. Ó de aquella del ingeniero que no tuvo en cuenta los datos de la resistencia de los materiales al no serles entregado, que culminan en responsabilidades civiles o penales por la muerte de personas al ocupar la obra de ingeniería. La jurisprudencia es amplia y es el propio Supremo el que adopta siempre que cuando existe el daño, siempre hay una causa de culpabilidad y un sujeto culpable. No tan amplia por no decir nula, es la jurisprudencia sobre las responsabilidades de los poderes judiciales, como escueta es legislación que regula las responsabilidades civiles o penales de los fiscales y magistrados. Existe alguna que cuando es un grupo de poder tan grande, al final se llega a la condena del juez. Para el caso del secuestro de José María Aldaya en un miserable zulo de 3x1,90 y 1,90 mts. de alto, durante casi un año, resulta que la prueba de ADN que inculpaba al secuestrador no se ha evidenciado oportunamente por unos u otros, para condenar al secuestrador. Resultado, absuelto.

Buena teoría la del Supremo del daño que hay que reparar, en esta caso a la sociedad por la ausencia de condena del que incluso se declara del grupo de los que secuestran y asesinan. No sabe la fiscalía si recurrirá todavía, pero para este caso y los que estamos últimamente asistiendo sabemos cuales son los delitos y las condenas objetivas a cumplir aunque no se dicten. Caso de no ser así los responsables morales de estas circunstancias tienen las democrática condena ciudadana. Las responsabilidades civiles y penales ya las determinarán los que juzgan o acusan, y las modelaran los poderes del estado, ya se sabe. Hay que ver como se lincha mediática y socialmente a un profesional no perteneciente a los poderes públicos cuando comete una negligencia con trágico resultado. Las de los poderes públicos pocas veces podemos verlas, ya que son ellos mismos los que se juzgan.

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