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Etiquetas:   CAM  

La Audiencia Nacional celebrará a partir del 22 de enero el primer juicio contra dos directivos de la CAM

López Abad y Avilés
Redacción Siglo XXI
@DiarioSigloXXI
lunes, 24 de noviembre de 2014, 10:03 h (CET)
La Audiencia Nacional celebrará a partir del próximo 22 de enero el primer juicio contra dos directivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que sentará en el banquillo de los acusados al exdirector general de la entidad Roberto López Abad y al expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por supuestas irregularidades en el cobro de dietas y la concesión de créditos de 18,9 millones de euros a este último.

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El calendario aprobado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que preside la magistrada Ángela Murillo, establece que las sesiones se prolongarán también durante los días 26, 27 y 28 de enero y el 12 y 16 de febrero de 2015, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 90.000 euros para López Abad, director general de la entidad desde 2001 hasta su nacionalización en 2011, por apropiación indebida o, alternativamente, tres años de prisión por un delito societario continuado. Para Avilés pide dos años y medio de prisión por un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.

También pide que el Banco Sabadell, que adquirió la caja por el precio simbólico de un euro, reciba una indemnización de 1.494.029 euros que tendrán que abonar de forma solidaria López Abad, Avilés y otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones. Esta sociedad, participada al cien por cien por la CAM, se creó, según la Fiscalía, para que los directivos pudieran cobrar dietas irregulares, que oscilaron entre los 9.000 y los 308.700 euros que se asignó Avilés.

Por su parte, la CAM solicita, a través del Fondo de Restructuración Ordenado Bancario (FROB), una pena de seis años para López Abad y de diez para Avilés, además de la imposición de sendas multas de 146.000 euros y el pago una indemnización de cinco millones de euros que se destinaría al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
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