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Etiquetas:   Políticamente incorrecta   -   Sección:   Opinión

El camino

Almudena Negro
Almudena Negro
@almudenanegro
sábado, 9 de diciembre de 2006, 10:27 h (CET)
No es intención de quien esto escribe referirse al conocido libro de Monseñor Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Sí, sin embargo, al camino que parece haber encontrado el Monseñor del laicismo, señor Rodríguez Zapatero. Y es que ayer, en pleno Puente de la Constitución, se daba a conocer un auto del Tribunal Supremo por el que no se considera delito alguno que un político anuncie que se va a reunir para negociar con un delincuente. Porque el Poder Judicial no es quién para controlar al Ejecutivo.

Dice textualmente el alto tribunal: “En todo caso, el ejercicio del control judicial sobre la actuación de los otros poderes del Estado –y concretamente sobre la actuación del Ejecutivo- nunca podrá realizarse haciendo abstracción de la primacía que tiene el principio democrático en el sistema constitucional, primacía que se manifiesta en el ya citado artículo 66.2 CE a cuyo tenor son las Cortes Generales que representan al pueblo español, las que “controlan la acción del Gobierno”, de suerte que vendría a ser un fraude constitucional que alguien pretendiese, mediante el ejercicio de la acción penal y la puesta en marcha de un proceso de la misma naturaleza, corregir la dirección de la política interior o exterior que el art. 97 CE encomienda al Gobierno democráticamente legitimado”.

Traducido: el Gobierno es inimputable y los Tribunales de Justicia no pueden controlar los hechos delictivos cometidos por el Gobierno. Haya tipo penal o no lo haya. ZP y su gobierno están por encima de la ley. Y el mero hecho de que un ciudadano pretenda, tenga la intención y no se sabe si se incluye que se plantee o piense en enjuiciar a los miembros del Ejecutivo es considerado por el Tribunal Supremo un fraude constitucional. ¿Qué es esto? Pues la consolidación de la doctrina de no “estigmatizar” a los políticos. Bacigalupo, ya saben.

Pues precisamente la división de los tres poderes, allí donde existe, pretende garantizar la independencia judicial y la posibilidad de evitar la arbitrariedad y la ilegalidad de los actos no sólo procedentes del Ejecutivo, sino también, en su caso, del Legislativo.

Nada más conocerse el auto del Tribunal Supremo, María Teresa Fernández de la Vega, a la sazón licenciada en derecho y Juez nombrada por turno digital –no llegó a presentarse a oposición alguna ni tan siquiera a dictar sentencia alguna cuando fue enchufada para ocupar una plaza en el CGPJ. He ahí la independencia de los jueces-, se apresuró a declarar que el auto judicial ha “abierto el camino al gobierno”. Y, cómo no, arremetió contra el Partido Popular, que interpuso en su día una querella contra Patxi López por haberse reunido con Otegui y sobre cuya querella aún no ha recaído resolución alguna.

Y todo esto el mismo día en que la Audiencia Nacional absolvía, por un error cometido por la Fiscalía, al etarra Vicario Setién, imputado por el secuestro del empresario Aldaya. Otro camino abierto.

Desde la AVT se han apresurado a preguntarse qué camino es ese que el gobierno cree abierto. ¿Es que hay que felicitarse porque los políticos puedan abrir conversaciones con delincuentes? ¿O nos enfrentamos a algo mucho más turbio?

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