La impudicia con la que se nos viene tratando en este país al común de los mortales –excepto a los más pudientes, claro– no tiene límites. La última barrabasada política, con la que nos seguimos quedando boquiabiertos, perdidos, desquiciados, ante la pasividad de quienes tienen que poner coto a tanto mangoneo financiero y económico para que unos pocos obtengan pingües beneficios a costa de todos, es la del controvertido y frustrado proyecto Castor, plataforma almacén de gas gigante que se instaló en las costas de la Comunidad Valenciana, frente a la población de Vinaròs, pero afectando también al litoral tarraconense la ola de más de 500 seísmos que se produjeron con la inyección de gas.

Al castor, mamífero roedor que vive en el agua –como la plataforma–, se le caza para quitarle la piel y, además, se le extrae el castóreo, medicamento antiespasmódico. Y a base de espasmos vivimos, día a día, cuando vemos que todos los errores políticos y técnicos se cargan –sin que nunca haya responsables– sobre la cartera de los contribuyentes quitándoles la piel. Espasmódicas son las cifras públicas que ya se acaba de pagar a una de las empresas de Florentino Pérez, ACS, por un total de 1.350 millones de euros –no hablamos de pesetas– en nombre (tuyo y mío) de 7,5 millones de hogares y empresas que consumimos gas en España.

Pero las cifras que producen auténticos espasmos es que este pago inicial se disparará hasta los 4.731 millones de euros (3,5 veces más) al final del pago, 30 años, según nos cuenta la OCU, por mor de la hipoteca que ha firmado el Gobierno con Santander, Caixabank y Bankia. La banca, una vez más, gana y se ríe. Además, el pago a Florentino se ha realizado antes de que dos universidades americanas emitan informe sobre si ha habido negligencia, o que la Fiscalía de Castellón haya acabado la instrucción para imputar posibles responsabilidades a Escal UGS, la filial de ACS, por los terremotos producidos hace un año.

Una vez más, la doble vara de medir se utiliza con distinto rasero para unos u otros ciudadanos. Durante estos últimos años de escandalosa estafa a toda una nación, mientras con dinero de nuestros impuestos se reflotaba el indecente agujero económico provocado por los José María El Tempranillo de nuevo cuño y guante blanco en las cajas de ahorro –una ignota cifra que algunos calculan en 100.000 millones de euros–, miles y miles de pequeños y medianos proveedores/acreedores de la Administración se han visto toreados, tocados y hundidos, descapitalizados e hipotecados, por la tardanza en el cobro de sus deudas y, como efecto colateral, el cierre de sus empresas y la destrucción de centenares de miles de puestos de trabajo. Seguro que muchos centenares de miles de puestos más que los que pueda ofrecer el presidente del Real Madrid y ex concejal en el ayuntamiento de la capital del reino.

Como tampoco se entiende, vista la velocidad de fórmula-1 en pagar a ACS, el retraso durante estos años en el pago a las farmacias con las graves consecuencias –y también daños colaterales– producidas a millones de ciudadanos y enfermos crónicos. Ni que se siga rateando con las míseras pensiones de las personas en situación de dependencia, a base de órdenes y decretos incautatorios, obligándoles a un injusto copago que solo les deja telarañas en los bolsillos para mantener, dicen, el sistema de atención a los más necesitados.

¿Para éstos últimos y para otros indeseados recortes que están machacando a la población, no puede hipotecarse el Estado hasta que mejore la economía? Saquen ustedes, queridos lectores/as, la conclusión. Y es que no creo que farmacéuticos, dependientes, desahuciados, profesores, médicos, jueces, jubilados… puedan financiar ilegalmente a los partidos políticos.

Seguiremos predicando en el desierto ante la demostrada discapacidad sensorial de nuestros gobernantes –lenguaraces, pero sordos y ciegos– ante las miserias y dificultades colectivas. Mientras tanto, que sigan quejándose como plañideras de la desafección del populacho –caminito de adquirir la condición de súbdito que tuvo con Franco– con las élites vampiresas y la casta política a su servicio hasta que, cuando quieran darse cuenta, la cosa no tenga remedio.

Pero hay más, un tal fantasma de la ópera, Recaredo del Potro, gobernador de Florentino en Escal UGS, y que en su día debió confundir la falla de Amposta con las Fallas de Valencia, firmó un convenio con la anterior corporación vinarocense con el fin de superar resistencias a la construcción del Castor –como lo del palo y la zanahoria–, mediante el cual se comprometía a donar un millón y medio de euros para el establecimiento de un centro especial de empleo municipal y la creación de puestos de trabajo de personas con discapacidad de la población. Convenio al parecer suscrito en papel previamente mojado y escritura deleble.

La planta está construida. Fallida, sí, pero construida. Si el tal Recaredo y su mandamás Florentino Pérez tuviesen agallas sociales y no tanto relumbrón mediático, una vez ya ha cobrado este último deberían cumplir su palabra porque ni las personas con discapacidad de Vinaròs ni su ayuntamiento tienen la culpa de que ellos hayan hecho algo mal. Está claro que al final, por fas o por nefas, y al pairo del injusto orden social y económico impuesto, siempre pagan o salen perjudicados los mismos. ¡Viva la Pepa!