Texto firmado por: Cayo Cornelio Explícito (ӿ)

El ordenamiento jurídico español considera la actividad audiovisual como un servicio público esencial. Esta concepción es coherente con la mantenida por el resto de países de nuestro entorno, y constituye un puntal básico del modelo social que identifica a la Unión Europea.

El mantenimiento del servicio público y del acceso universal a la televisión es algo de interés general que favorece la cohesión social, defiende los derechos fundamentales de todos, y posibilita la creación de una opinión públi-ca libre que es básica para el funcionamiento del sistema democrático.

Por lo anterior, el servicio público debe ser el objetivo principal de la Radiotelevisión Pública. Y es bueno que ésta sea fuerte e independiente en un mercado como el actual, de opulencia comunicativa y ofertas varias, que no destaca por la veracidad informativa y donde se echa a faltar independencia, pluralismo y búsqueda de objetividad.

La consecución de este objetivo no se logra con medidas de huida hacia adelante, que pueden soslayar el cumplimiento de la Ley, sino afirmando unas convicciones claras, subvencionando suficientemente el servicio y logrando una RTVE al servicio de todos. Así es la televisión pública europea, distinta a la PBS americana (Public Broadcasting Service, o Servicio Público de Divulgación) simplemente testimonial, con un share mínimo frente al resto de las ofertas informativas que hay en el mercado.

Y es que el servicio público no puede dejarse en manos de un mercado que no es la panacea para regularlo todo. Ni, menos aún, al albur de la jungla de unos medios de comunicación que influyen en la sociedad, eventualmente manipulados y sometidos a procesos de concentración de la propiedad, desde los que se pueden emitir mensajes (interesados y nada plurales) en aras de la libertad de expresión... de muy pocos: la élite que los posee.

Lo anterior dicho, en la radiotelevisión pública española se están observando algunos síntomas que llevan a preocupación. No son sólo las pérdidas de audiencia y calidad, que son evidentes. Además se están produciendo movimientos en la cúspide, que son conocidos por todos y que ya han producido algunas reacciones. Entre ellas, merecen atención: El “Comunicado conjunto de los consejos informativos de TVE, RNE y RTVE.es” que, ante el nombra-miento de José Antonio Sánchez como presidente de la Corporación RTVE, el día 7 de octubre se dirigían a los grupos parlamentarios para pedir “un esfuerzo de consenso para devolver a RTVE su prestigio y garantizar su futuro como servicio público para la sociedad”. La advertencia del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUIA, CHA, hecha por el diputado José Luis Centella, sobre la supuesta introducción por el Gobierno de un “Caballo de Troya para liquidar la Radiotelevisión Pública”, en relación con el mismo nombramiento. Y la pregunta, formulada al Gobierno en la Sesión de Control del día 5 de octubre y contestada por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, del diputado socialista Juan Luis Gordo sobre, según él, el empeño del “Gobierno en que TVE siga el modelo de manipulación informativa y clientelismo político de Telemadrid y Ca-nal Nou”.

Fue en esa sesión donde se produjo una declaración del ministro Cristó-bal Montoro que evidencia la que pudiera ser pretensión del Partido Popular respecto a la Televisión Pública. Refiriéndose a RTVE, manifestó que “No tiene por qué jugar en la misma división que las televisiones de servicio público, pero (de) gestión privada”.

La declaración, que es comprometida, abre la sospecha de una supues-ta intención del PP, oculta de momento, de convertir la televisión pública espa-ñola en algo distinto a lo que ha sido hasta ahora y en oposición a lo que existe en el resto de Europa.

Viene acompañada, además, por algunos hechos importantes:

- La denuncia, ya citada, de los Consejos informativos de TVE, RNE y RTVE.es, por el nombramiento de José Antonio Sánchez como presidente de la Corporación RTVE. Su actividad anterior, su procedencia y su hacer, dicen, “no avalan tampoco la defensa del modelo de radiotelevisión pública indepen-diente y al servicio de todos los ciudadanos”

- La preocupación del ministro por la comparación (y competencia) entre la televisión pública y las televisiones privadas. Parece como si el ministro en-vidiara las aparentemente reducidas plantillas de las cadenas privadas; y, lo que es más importante, que, o las considere suficientes para garantizar una información plural, libre de mensajes comprometidos y controles manipulados; o no aptas para imponer el rigor informativo e impedir la más que posible mani-pulación interesada.

- Las declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha afirmado que RTVE está en “un momento complicado”, por lo que tendrá que “adaptarse a las nuevas circunstancias”

- Y la comparecencia del nuevo Presidente de RTVE ante la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados, que hace temer la existen-cia de una voluntad de menguar la estructura de la televisión pública para em-pequeñecer su capacidad de información, influencia y servicio.

Como contrapartida, algunos, muy pocos, han querido encontrar un mo-tivo de tranquilidad en las palabras de Jesús Posada con motivo de la toma de posesión del nuevo gestor de RTVE. El Presidente del Congreso de los Diputa-dos, al referirse al prestigio de la televisión pública, fue explícito: “Tu gestión y éxito será lograr que ese prestigio perdure en el tiempo. Tienes que conseguir que RTVE siga prestando un servicio público de calidad porque es un ente esencial, testimonio determinante de la evolución e historia de nuestro país”

En medio del maremoto inacabable de corrupciones varias, es importan-te considerar, como hace el Presidente del Congreso, que el “servicio público del ente” ha de ser de calidad. Una calidad que es incompatible con la falta de pluralidad, libertad e independencia; y que casa mal con las directrices partidis-tas de los que mandan (si existieran) y las fijaciones ideológicas (si son unifor-mes, tendenciosas y únicas) de los que hacen los programas e informativos de la radiotelevisión pública.

Es ahí donde, como aviso, aparece el verbo corromper en el sentido cla-ro que marca el diccionario en sus dos primeras acepciones: Alterar y trastocar la forma de alguna cosa (en este caso el ente público que procura el servicio público al que nos referimos). Echar a perder, depravar, dañar, podrir (el mismo servicio y el bien social que representa una radiotelevisión como la actual).

A la par, entre los profesionales y encargados del seguimiento de la ra-diotelevisión pública, ha surgido un temor que importa a todo el mundo: Existe la posibilidad de que el Gobierno y algunas empresas privadas estén tratando de hacerse con el control de la actividad audiovisual, reduciendo la competen-cia y asumiendo, en régimen de monopolio, el poder que supone el manejo y emisión de la información de una forma exclusiva.

Ese control se favorecería reduciendo la capacidad y dimensiones de la radiotelevisión pública para transformarla en algo parecido a las PBS nortea-mericanas: no del todo públicas, cofinanciadas por el Estado y por fundaciones e instituciones culturales de carácter privado, y, lo que sería más lamentable, incapacitadas para rendir un servicio público eficiente.

Es lo que en ciertos ambientes ya se ha bautizado como “la política de tierra quemada en RTVE” que, por lo ya dicho, también puede ser corrupción (si no lo es ya a la vista de lo que señala el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua)

(ӿ) Cayo Cornelio Explícito es un seudónimo colectivo definido por las palabras: Cayo (Isla rasa, arenosa y frecuentemente anegadiza), Cornelio (hombre que toca el cuerno en la batalla) y Explícito (Que expresa clara y determinantemente una cosa)