Si hubo un momento, en la reciente historia del país, en el que se juntaran una serie tan abigarrada de acontecimientos desfavorables, se acumulasen tal abundancia de errores políticos y casos de corrupción, en los partidos políticos, en las administraciones autonómicas y en los propios sindicatos obreros mayoritarios; se puede decir que es éste en el que vivimos. Como si los fiscales hubieran recibido el famoso zumo de naranja que fortalecía al famoso “primo”, parece que, en apenas unos meses, la actividad judicial han entrado en efervescencia, los jueces del TS han salido de su marasmo y las investigaciones de la policía judicial ha conseguido aflorar tal cantidad de casos de corrupción, extraídos de las inmundicias ocultas en los ayuntamientos, diputaciones, cámaras de representación del pueblo, empresarios, políticos de todos los partidos; sindicatos, separatistas y demás personajes, muchos de ellos públicos y con la patina de ser personas honradas, decentes y, la apariencia de ser irreprochables en sus costumbres y en su vida privada; que, para los ciudadanos de a pie, está resultando un bocado demasiado difícil de aceptar, de tragar y, mucho menos, de digerir.

Si, además, añadimos la torpeza de retrasar el reconocimiento de los hechos delictivos por quienes tuvieren la obligación de evitar que se produjeran y, el vano intento de querer disimularlos o negarlos, cuando la evidencia convierte cualquier intento, en este sentido, en una demostración de lo absurdo, irresponsable y contraproducente que, en ocasiones, puede llegar a ser el comportamiento de las directivas políticas y su incapacidad para afrontar con valentía, decisión y prontitud, todos estos caso de corrupción; antes de que sean los contrarios, la oposición o los medios informativos quienes los saquen a la luz. Lo malo es que se puede decir que, en todos los casos en los que han aparecido elementos que pudieran constituir un ilícito penal, los primeros en negarlo, en intentar ocultarlos o justificarlos son aquellos que más debieran estar interesados en comprobar la existencia de indeseables en su propia formación política, administrativa o comunidad autónoma, resultan ser los que ponen más trabas, menos colaboran con la Justicia y más les cuesta admitirlo. Cuando ya les es imposible negar los hechos, ante la evidencia de las pruebas, entonces acuden al recurso de rechazar que estuvieran enterados, desmentir cualquier relación con los hechos y descargan las culpas en sus subordinados.

El hecho es que desde el Gobierno, los partidos políticos, los sindicatos, las autonomías, diputaciones y ayuntamientos, no parece que haya una sola institución que esté libre de esta epidemia de fraudes, malversaciones, corruptelas y enriquecimientos injustos; algo que ha conseguido que los ciudadanos, ya frustrados por los años en los que han tenido que padecer una crisis con su correspondiente recesión, una paro que ha alcanzado el 24% de los trabajadores; desengañados por la serie incumplida de promesas que se les han venido haciendo por el Gobierno y los políticos; escarmentados por los cambios que las administraciones han llevado a cabo, en su perjuicio, cuando les conviene a sus propios intereses; hayan empezado a desconfiar de sus representante políticos, decidiendo que no vale la pena apoyar a ninguno de los viejos partidos del actual sistema; comenzando a pensar en la necesidad de cambios políticos radicales para que, en el futuro, no se vuelvan a repetir semejantes corruptelas a cargo de quienes tienen el deber y la obligación de preocuparse por el bien de la nación y de sus habitantes.

Y aquí es cuando es preciso que, los ciudadanos, sepamos dar una muestra de sensatez y demostremos, a quienes tan mal nos han conducido, que somos capaces de pensar por nosotros mismos y que, a pesar de los errores que han cometido, tanto el PP como el PSOE , IU y todo el resto de partidos que, de una forma u otra, han padecido la lacra de los sinvergüenzas que se han lucrado de su cargo, a costa del dinero de los contribuyentes; que no es el sistema el que está fallando, que no son las instituciones las que sobran ni que sea la democracia la que nos conduce a esta situación de aparente caos de valores, falta de ética o desplome económico y social. No señores, son las personas y, precisamente, aquellas en las que nosotros, con nuestro voto, designamos para que nos gobernaran u ocuparan sus escaños en las dos cámaras la legislativa y la autonómica. Es precisa una catarsis de renovación de dirigentes y de eliminación de rémoras indeseables de todas aquellas instituciones en las que se hayan infiltrado.

Reconozcamos que nos equivocamos y seamos capaces de actuar como personas constructivas y no formemos parte de aquellas que se dejen engañar por las voces de sirena de aquellos grupos que, sin haber demostrado su capacidad para dirigir la nación, pretenden vendernos que desmontado todo lo que, en democracia, hemos conseguido construir, regresando a sistemas que han demostrado su fracaso durante muchos años, se va conseguir que, en España, volvamos a un régimen de bienestar que sólo tiene cabida en las palabras de aquellos que nada tienen que perder y mucho que ganar si consiguen que nuestra nación forme parte de lo que son las repúblicas bananeras de Suramérica; con las que siguen manteniendo amplios contactos, las asesoran y comparten con sus dictadores la fórmula de estado que ahora pretenden que los españoles aceptemos.

Si una persona padece una enfermedad grave es obvio que ningún médico, salvo un loco carnicero, vaya a decidir que lo primero que conviene hacer es extirparle el órgano que le causa el dolor o, si son varios, arrancarlos todos de cuajo. No, no señores, el cuerpo humano es un todo y, cuando se le priva de un órgano vital, el resto sufre las consecuencias, de modo que si se pretende erradicar, a la vez, todas aquellas partes que en alguna manera están involucradas en el proceso patógeno lo que, seguramente, ocurrirá será que se produzca el colapso y el paciente, a causa de aquel mal tratamiento, fallezca. Los españoles somos conscientes de que, cuando Podemos habla de no pagar nuestra deuda pública, es lo mismo que ponerse en frente a todo el resto de naciones, a las entidades que nos ayudan a conseguir créditos y de las que dependemos para nuestras exportaciones. También esbozamos una sonrisa cuando se nos dice que se van a paga 600 euros a cada persona o que se establecerá una sanidad gratuita. Hasta el más inculto de los ciudadanos que sepa multiplicar o que lo haga con una calculadora, sabe que no hay dinero en España ni presupuesto que resista el establecer una medida semejante, sin que se vaya a pique toda la economía nacional.

Es muy fácil para un “economista”, que no tiene nada que perder diciéndolo, prometer toda clase de mejoras, el pleno empleo, las subvenciones a todos los sectores y el regreso a la situación anterior al 2008, fecha en la que la crisis comenzó a notarse en nuestro país. Señores que reciben remuneraciones del señor Maduro de Venezuela y que se tratan, de tú a tú, con el señor Morales de Bolivia, dos dictadores que han prohibido a la prensa exponer sus opiniones, cuando son contrarias al partido que gobierna; que han encerrado en la cárcel a los líderes opositores; que tienen que importar bienes del extranjero para poder atender al consumo nacional y que obligan a los ciudadanos a imprimir su huella en el supermercado en cada ocasión en la que van a comprar, para que no compren más de lo que permite el gobierno “democrático”; tan democrático, que se ha hecho con el Parlamento y ha obligado a que el poder Judicial avale que se puedan perpetuar en el poder presentándose tantas veces como quiera a la reelección. España no podría resistir, ni el resto de los países lo aceptarían, un gobierno seudo soviético en la península Ibérica. O así es como, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, contemplamos estupefactos el crecimiento de un partido como Podemos que, si llegara al poder, acabaría con cualquier posibilidad de mantener la democracia en España.