Tipificar el terrorismo reviste implicaciones prácticas porque homologar como terrorista un acto de violencia acarrea consecuencias importantes en el Derecho estadounidense.

Los sospechosos de terrorismo pueden pasar más tiempo bajo custodia policial sin cargos que los sospechosos de un delito. Pueden ser interrogados sin haber presente un abogado. Se les condena a penas de cárcel más largas. "Los reclusos terroristas" están sometidos a un régimen penitenciario mucho más estricto conocido como Medidas Administrativas de Excepción. La "Ley de Compensación de Pérdidas Materiales Producto de Actos de Terrorismo de 2002" reconoce a las entidades corporativas víctimas de terrorismo medidas extraordinarias (ahora mismo pendientes de renovación en sede parlamentaria) y ampara a los propietarios de inmuebles frente a cierto tipo de reclamaciones. Cuando se invoca la autoría de un acto de terrorismo, los parientes de víctimas como las del atentado de Ft. Hood en 2009 tienen derecho a solicitar medidas de gracia como ventajas fiscales, la desgravación de las letras del seguro y complementos atribuidos a los daños en combate. Hasta puede adjudicárseles en compensación un rascacielos neoyorquino.

La "Ley de Compensación de Pérdidas Materiales Producto de Actos de Terrorismo de 2002" incrementa sustancialmente la importancia de definir lo que significa "terrorismo".

A pesar de las facultades jurídicas de este término, sin embargo, terrorismo sigue sin definirse más allí de un intuitivo "actor que sin actuar en nombre de un Estado perpetraría un atentado contra objetivos civiles con el fin de sembrar el miedo en aras de algœn objetivo político putativo". Un tratado, Terrorismo político, enumera 109 definiciones. El especialista estadounidense de Interior David Tucker comenta con humor seco que "Sobre las puertas del infierno hay una advertencia a todo aquel que atraviese el umbral de abandonar toda esperanza. Menos cruda pero de idéntico efecto es la advertencia dirigida a quienes traten de definir terrorismo". El especialista israelí en contraterrorismo Boaz Ganor bromea diciendo que "La lucha por definir el terrorismo es en ocasiones tan difácil como la propia lucha antiterrorista".

Esta ausencia de concreción siembra el caos, especialmente entre agentes del orden pœblico, fiscalía, políticos, prensa y docentes.

"La de acto de violencia perpetrado en relación con un grupo terrorista perseguido internacionalmente" como Al-Qaeda, Hizbulaj o Hamás se ha convertido en la definición policial funcional de terrorismo. Esto explica intervenciones tras un atentado tan peculiares como "No hemos descubierto ninguna relación con terrorismo", cosa que implica de forma absurda que "los lobos solitarios" nunca son terroristas.

Si no son terroristas, la policía ha de encontrar otra explicación que justifique los actos de violencia perpetrados. Normalmente, se ofrece algœn problema de índole personal: desequilibrio mental, problemas familiares, un desencuentro laboral, "angustia del inmigrante adolescente marginado", una medicina de prescripción facultativa o incluso un vuelo con turbulencias. Poniendo el acento en los problemas personales en lugar de la ideología, se hace hincapié en la vida privada (normalmente irrelevante) del autor material de un acto de terrorismo, pasando por alto de forma voluntaria su móvil político mucho más relevante.

Pero luego, de forma inconsistente, no se abunda en una relación con un grupo internacional. Cuando Óscar Ramiro Ortega-Hernández disparó ocho salvas contra la Casa Blanca en noviembre de 2011, el fiscal afirmó que "Abrir fuego con un rifle de asalto contra la Casa Blanca con el fin de exponer un pronunciamiento político es terrorismo, simple y llanamente" no se precisaría de la existencia de un grupo terrorista internacional. De igual forma, después de que Paul Anthony Ciancia abriera fuego indiscriminadamente en el Aeropuerto Internacional de Los ángeles en noviembre de 2013, matando a un agente de la Agencia de Seguridad en el Transporte, el sumario le imputó "la planificación de un acto que causó la muerte de una persona y la comisión de un acto de terrorismo con agravantes de premeditación y alevosía".

Esta anomalía terminológica siembra una confusión total. El mundo entero considera terrorismo los atentados de la Maratón de Boston Ð a excepción del Departamento del Tesoro, que, año y medio más tarde "no ha determinado con claridad que se tratara de un 'acto de terrorismo' definido segœn la Ley de Compensación de Pérdidas Materiales Producto de Actos de Terrorismo". El juez que presidía la causa de terrorismo de José Pimentel, a quien se le imputa conspiración para colocar artefactos explosivos caseros en Manhattan, desestimó en enero de 2014 el testimonio de un experto que justificara la imputación de un cargo de terrorismo solicitado por la fiscalía. Los funcionarios públicos se abstienen en ocasiones de meterse en jardines: Preguntada en junio de 2013 si el gobierno estadounidense considera grupo terrorista a los Talibanes, la portavoz del Departamento de Estado replicó: "Bien, no estoy segura de su definición en este momento concreto".

El mundo entero, a excepción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, considera terrorismo las explosiones de la Maratón de Boston.

Un tiroteo registrado en mayo de 2013 en Nueva Orleans, fue todavía más confuso. La portavoz del FBI no habló de terrorismo sino de "un acto de delincuencia callejera estrictamente". El edil discrepaba; preguntado si lo consideraba terrorismo, declaró "A mí me lo parece", porque las familias "tienen miedo a salir de casa". Invitado a desentrañar esta contradicción, un supervisor del FBI presente en el escenario de Nuevas Orleans opacaba todavía más las cosas: "Puede decirse definitivamente que es terrorismo urbano; es terrorismo urbano. Pero desde el punto de vista del FBI y de cara a lo que nos enfrentamos a nivel nacional, no es lo que consideramos terrorismo, per se". ¿Queda claro?

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no ha aclarado todavía que los Talibanes sean terroristas.

Esta total ausencia de claridad plantea un significativo reto legislativo. El terrorismo, con todas sus implicaciones económicas y jurídicas, no puede seguir siendo un concepto difuso y subjetivo, sino que exigiría una definición concisa y exacta, aplicada con consistencia.