El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará este martes en el Congreso el informe que desveló un excesivo margen de discrecionalidad en los gastos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la etapa del dimitido Carlos Dívar como presidente.

Ese informe de fiscalización sobre el CGPJ en el ejercicio 2010, que en julio fue remitido a las Cortes y recogido por Europa Press, indicaba que el Consejo presidido por Carlos Dívar disponía de un margen de discrecionalidad "excesivo" cuando costeaba los viajes de sus cargos y además contaba con una regulación "insuficiente" al no exigir justificar determinados gastos.

El Tribunal de Cuentas apunta que la principal "debilidad" del control interno del órgano de gobierno de los jueces residía en la insuficiencia y dispersión de normas reglamentarias en su ámbito económico, así como en la ausencia de manuales de procedimiento. Eso sí, precisa que el actual Consejo, que ahora dirige Carlos Lesmes, ha actualizado el régimen de control de gestión y transparencia.

El órgano fiscalizador observó "deficiencias" en la regulación del Consejo, que era "insuficiente" a la hora de justificar el motivo, la cuantía máxima o los cargos que por ejemplo tenían derecho a recibir atenciones protocolarias y representativas.

Además, puso reparos en las indemnizaciones por razón del servicio de estos altos cargos, que únicamente precisaban de autorización cuando viajaban al extranjero. "El elevado importe satisfecho a los vocales se debió principalmente a que trece de ellos se les pagaba el desplazamiento a su residencia", explica.

EL TRABAJO NO TENÍA QUE QUEDAR ACREDITADO
En este sentido, destaca que el modelo de liquidación no contenía un apartado específico en el que incluir el motivo oficial del viaje y "en la mayoría de los casos no quedaba acreditada la realización de las funciones que daban derecho a percibir esas indemnizaciones".

Eso sí, expone que "aun cuando en contados viajes pudiera llegar a cuestionarse que algún gasto derivara de obligaciones propias de la función del alto cargo, en general no hay elementos de juicio que permitan afirmar que las comisiones de servicio llevadas a cabo por los altos cargos del Consejo no hayan cumplido tal requisito".

Dicho esto, recuerda que el procedimiento abierto sobre los polémicos viajes del entonces presidente Dívar fue sobreseído al haber sido reintegrado el importe a los gastos considerados como no justificados y los intereses legales de demora.

El Tribunal de Cuentas analizó también los gastos de los conductores del parque móvil del Estado y del personal de seguridad del Ministerio del Interior que trabajaban para el CGPJ. En este sentido, censuró que se recogieran en concepto de gratificaciones, a pesar de tratarse de personal ajeno al Consejo y que el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta no contenía la mayor parte de las dietas y gastos de desplazamientos.