Lo que empezó como un globo sonda sobre la posibilidad de fusionar Ayuntamientos cada vez
se está convirtiendo en una mayor reivindicación de racionalización de la planta municipal.
De hecho el Gobierno acaba de remitir a Bruselas su plan presupuestario para 2015 en el que
cuantifica un ahorro de 622 millones provenientes de la fusión de Ayuntamientos, lo que llama la
atención ya que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local solamente
prevé las fusiones voluntarias a través de incentivos económicos, lo que no es nuevo. Ya la
Ley de Haciendas Locales otorga un 17 % más en la participación de los Ayuntamientos en los
ingresos del Estado para aquellos que pasen de 5.000 habitantes sin que hasta la fecha esto
haya producido ningún resultado por lo que no parece que aumentar ese porcentaje en un
10 % adicional para los que se fusionen, que es lo que prevé esa Ley de Racionalización, vaya a
desembocar en tal número de ellas que supongan ese ahorro previsto por el Gobierno, menos en
un solo año y, precisamente, de elecciones municipales.
Los Ayuntamientos españoles, quitando las ciudades de más de 50.000 habitantes para evitar
distorsiones en los números finales, tienen una media de 2.767 habitantes, casi la mitad de esos
5.000 considerados como mínimo ideal para que tengan entidad suficiente para hacer frente a los
retos del Siglo XXI. Y esos de menos de 5.000 habitantes, que suponen el 85 % del total, son los
que reciben menos ingresos del Estado al estar en el tramo más bajo del reparto.
En una primera aproximación a una hipotética fusión realizada desde un prisma lógico y
teniendo en cuenta las limitaciones orográficas nos daría que España no debería pasar de 2.700
Ayuntamientos, un 65 % menos que los actuales. Y los beneficios son evidentes: por una parte
está el ahorro en gasto corriente, duplicidades de servicios y sobrecoste en edificios municipales,
fundamentalmente, que según mis cálculos rondarían los 100 millones de euros anuales, a los que
habría que sumar el ahorro en sueldos, dietas, asignaciones y otros gastos de representación que
no he tenido en cuenta ante la diversidad existente pero que en cualquier caso no me sale que
puedan totalizar los 622 millones que dice el Gobierno, además de que este ahorro tampoco tiene
por qué suponer menos gasto sino racionalización del mismo. Por otra parte las fusiones suponen,
paradójicamente, aumento de gasto público para la Administración Central, como he dicho, en
lo referido a su participación en los ingresos del Estado tanto al aumentar el coeficiente previsto
en la Ley de Haciendas Locales al pasar de los 5.000 habitantes como por el incentivo adicional
que establece la Ley de Racionalización y que según mis cálculos podría estar en una cantidad
similar, e incluso superior, a esos 100 millones anuales de ahorro. Es decir, podríamos cuantificar
que cada Ayuntamiento resultante de la fusión podría contar con una cantidad disponible por
legislatura en torno al millón de euros. Lo que no es nada desdeñable.
Todo esto debería ser suficiente para que algo se mueva al respecto de racionalizar el mapa de
planta municipal de España y con ello conseguir una mayor prestación de servicios públicos y la
mejora de los existentes con el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero yo soy muy
escéptico al respecto y si no ha dado resultados hasta ahora no parece que haya visos de que
sólo con esos incentivos vaya a ser suficiente sin una clara y decidida voluntad política, por lo que
creo que finalmente habrá que adoptar otro tipo de medidas, menos amables pero cada vez más
necesarias e inaplazables. Y mucho menos me creo que el año que viene el ahorro neto como
consecuencia de las fusiones municipales ascienda a esos 622 millones de euros que ha incluido el
Gobierno en su plan presupuestario. Pero que yo no me lo crea no tiene importancia, lo grave es
que si tampoco se lo cree Bruselas nos puede traer consecuencias.
