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El PP de Castellón

Rafa García
Rafa García
@rafagarciak
miércoles, 29 de noviembre de 2006, 01:49 h (CET)
Aunque el Partido Popular intenta presentarse como un ente monolítico en el que no cabe la discrepancia, lo cierto es que no se trata de un movimiento político tan uniforme como pudiera pensarse. Es evidente que no representan lo mismo Gallardón y Esperanza Aguirre, y que tampoco son excesivamente parecidos Acebes y Piqué.

Pero hay más diferencias. Ayer conocimos que el alcalde de la localidad mallorquina de Andratx, Eugenio Hidalgo, del PP, fue detenido por la comisión de presuntos delitos urbanísticos. Idéntica suerte corrió el director general de Ordenamiento Territorial del Govern balear, Jaume Massot. Se les acusa, entre otras lindezas, de conceder una autorización administrativa para levantar 150 viviendas en una zona rural boscosa. La reacción del presidente del Govern y del PP balear balear, Jaume Matas, fue inmediata; suspendió de militancia al alcalde, y destituyó al director general.

En el PP de Castellón sucede justo lo contrario. El pasado viernes se conoció la condena a 18 meses de cárcel y a 8 años de inhabilitación para el alcalde de Vila-real, Manolo Vilanova, (el pueblo del equipo de Riquelme) por un delito de prevaricación. El Tribunal Supremo considera probado que el edil miró para otro lado, y consintió que la empresa Rocersa emitiera una cantidad de decibelios muy superior a lo soportable por el oído humano, convirtiendo en un infierno la vida de los propietarios de las casas de alrededor.

Pero el PP de Castellón no se parece en exceso al balear. Me cuentan que el mismo viernes, nada más conocer la noticia, el propio Vilanova dijo algo así como “esto no hay quien lo salve, aquí ha acabado mi carrera política”. Pero por lo que parece, el presidente provincial del Partido Popular en Castellón, y presidente de la Diputación, Carlos Fabra, no le permite el abandono. Según dijo anoche el mismo alcalde de Vila-real, puso su cargo “a disposición de Carlos Fabra”, y éste le dijo que no dimitiera, qué el partido contratará a un experto constitucionalista, para intentar elevar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Fabra dice que el Tribunal Supremo “está politizado”, y contradice a importantes cargos de su partido en la provincia y en la Generalitat Valenciana, que reconocen abiertamente que según todos los informes jurídicos de los que disponen, “no hay nada que hacer”. El mismo alcalde de Castellón, Alberto Fabra (que no es familia de Carlos Fabra), reconocía ayer que la sentencia del Tribunal Supremo ha dejado a Vilanova “escasas posibilidades de recurso”. Pero Carlos Fabra impone su criterio personal, y Vilanova no dimite. ¿Se arriesgarán los populares a que la policía se presente una mañana en el Ayuntamiento con una orden judicial, para destituir al todavía alcalde de Vila-real?

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