El magistrado ha admitido parcialmente la querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona aunque, tal y como le pedía la Fiscalía Anticorrupción, ha limitado su investigación a las actividades de Oleguer Pujol y su participación en sociedades participadas por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda en las que figuraba como administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief.

Pedraz justifica la competencia de la Audiencia Nacional para asumir este procedimiento al considerar que Oleguer Pujol podría haber incurrido indiciariamente en un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública cometidos en el extranjero que habrían supuesto "una defraudación con grave repercusión en el tráfico mercantil y en la economía nacional".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 argumenta que Oleguer Pujol obtuvo "una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido" procedente de las Islas Vírgenes, "territorio considerado paraíso fiscal por la OCDE", para la adquisición del establecimiento hotelero.

NO INVESTIGARÁ AL RESTO
El magistrado excluye de su investigación las actividades del hijo mayor del 'expresident', Jordi Pujol Ferrusola, y su exesposa, Mercè Gironés, al que mantiene imputados su compañero Pablo Ruz por las comisiones de 7,5 millones de euros que presuntamente habrían recibido por mediar en la adjudicación de contratos públicos en Cataluña. Se les atribuye indiciariamente un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública.

Tampoco admite a trámite la querella de Podemos en lo relativo a la confesión que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol realizó el pasado 25 de julio, cuando reconoció que su familia había regularizado los fondos provenientes de una herencia que su padre, Florenci Pujol, le había legado en septiembre de 1980. Pedraz argumenta que estos hechos son investigados por la responsable del Juzgado número 31 de Barcelona, Zita Hernández.

El magistrado tampoco investigará las actividades de Josep Ferrusola, a quien los querellantes acusan de vender la sociedad Europraxis Consulting Holding en 2001 a la empresa Indra, que obtuvo "numerosas adjudicaciones de la Generalitat de Cataluña" que fueron "objeto de atención" por parte de la Sindicatura de Cuentas.

También excluye del procedimiento las actividades de Pere Pujol Ferrusola y los empresarios Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol, que, según Podemos, obtuvieron licencias de la Generalitat para instalar parques eólicos en Cataluña tras la obtención de los correspondientes informes medioambientales.

QUERELLA EN LOS JUZGADOS TERRITORIALES
En estos dos últimos casos, el juez explica que, además de que los hechos están expuestos sin "datos en su apoyo", serían constitutivos en todo caso de un delito de tráfico de influencias que no es competencia de la Audiencia Nacional aunque sí podría motivar la presentación de una querella ante los juzgados territoriales.

No obstante, apunta que si los querellantes disponen de "nuevos datos o indicios que avalen no sólo la existencia del delito sino también" que los hechos investigados son competencia de la Audiencia Nacional, "procedería la admisión de la querella" en lo relativo a estos hechos.

El juez, además, pide a todos los querellantes que actúen bajo una misma representación letrada para ejercer la acusación popular en la causa y les da un plazo de 15 días para que designen abogado y procurador. Además de Podemos y Guanyem Barcelona, apoyan la querella ICV, EUiA, CUP, Partido X, Procés Constituent y otros colectivos sociales.

MÁS DE UNA DECENA DE QUERELLADOS
Los querellantes pedían la imputación del expresidente del Ejecutivo catalán; su esposa, Marta Ferrusola; los hijos del matrimonio --Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer--; y empresarios como Jordi Puig i Godes --hermano del conseller Felip Puig-- y Carles Sumarroca, cofundador de CDC y amigo del exmandatario catalán. También pedían la imputación de dos hijos de este último --Carles y Jordi Sumarroca Claverol-- y la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès.

Los promotores de esta iniciativa, que han contado con el asesoramiento del fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, atribuyen a los querellados varios delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento público y omisión de perseguir delitos.