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Etiquetas:   Contar por no callar   -   Sección:   Opinión

El ruido y la cárcel

Rafa Esteve-Casanova
Rafa Esteve-Casanova
@rafaesteve
lunes, 27 de noviembre de 2006, 02:35 h (CET)
Una de las agresiones que con más frecuencia sufrimos en la del ruido. Unas veces es ese vecino de arriba que diariamente y a horas intempestivas hace mudanza, otras el coche tuneado que más bien parece una discoteca con ruedas, o el adolescente a caballo de un ruidoso ciclomotor presumiendo de escape libre, o los bramidos etílicos de la muchachada del “botellón”. Pero también existen ruidos que provienen de la actividad laboral de alguna que otra fábrica que, con la anuencia de las autoridades municipales, se dedica a jorobar al vecindario veinticuatro horas cada día sembrando decibelios a troche y moche.

Hasta ahora tanto los que daban el permiso o miraban hacia otro lado como los directivos de algunas de estas empresas a las que la cuestión medioambiental se la trae al pairo no habían tenido problemas. Su única preocupación era, de tanto en tanto, esquivar las quejas de los vecinos afectados por ruidos non gratos. Casi siempre era el vecindario el que llevaba las de perder en esta ruidosa guerra y acababan con tapones en los oídos o vendiendo el piso para trasladarse a una zona más tranquila.

Pero como últimamente parece ser que está abierta la veda de alcaldes y el paso de alguno de ellos por prisión es todo un acontecimiento mediático la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha revocado una sentencia de la Audiencia de Castelló de la Plana y ha condenado a Manuel Vilanova (Partido Popular) a año y medio de cárcel por prevaricar y a ocho años de inhabilitación para ostentar cargo público por premeditación. Y aunque no dormirá en el “trullo” por ser una pena inferior a los dos años el actual alcalde de Vilareal ya puede ir diciendo adiós a la política.

La empresa Rocersa sita a 400 metros de la población colocó en sus instalaciones un aparato generador de ruidos molestos para el vecindario. Estos han estado desde 1995 hasta 1998 presentando denuncias en el Ayuntamiento sin que se les hiciera el menor caso. Si alguna vez la policía municipal acudía a medir el sonido lo hacía con aparatos inservibles al tiempo que los expedientes iban pasando de mesa en mesa y despareciendo con la anuencia del alcalde. De ahí los delitos por los que se le condena: prevaricación, es decir actuar a sabiendas de que se vulnera la legalidad y premeditación, enviar a los agentes municipales con aparatos inservibles a realizar las mediciones y traspapelar los expedientes.

Estamos ante una sentencia ejemplar, el ponente de la misma Martín Pallín dijo el viernes en Valencia que ya es hora de que algunos alcaldes vayan a la cárcel por cometer delitos medioambientales. Quizás a partir de ahora más de un munícipe se lo piense dos veces antes de otorgar licencias molestas para sus vecinos y también es de esperar que se cumpla la legalidad de las diversas ordenanzas municipales que, precisamente, han sido aprobadas para el bienestar del vecindario. En Valencia hace algunos años el Ayuntamiento que preside Rita Barberá también fue sancionado por un caso de ruidos, aunque tan sólo con una multa, pero quizás por aquello de las barbas del vecino este viernes el Pleno Municipal aprobó que una zona de ocio de la ciudad sea declarada ZAS(Zona Acústicamente Saturada) y allí, a partir de ahora, no se podrán instalar más bares, pubs o discotecas y los existentes tendrán que cerrar antes que los del resto de la ciudad.

Esta declaración de ZAS que ahora afecta a la zona de WOODY podría ampliarse a El Carme y Juan Llorens como desean sus vecinos. Algunos estamos con la mosca en la oreja ya que esta medida podría favorecer la zona de ocio que se quiere instalar en el Puerto y en la que se permitiría libertad de horario dando así un plus especial a determinados empresarios hosteleros de la ciudad y con buenas relaciones con las actuales autoridades del municipio. Hace unos meses durante la inauguración en los viejos “doks” portuarios del primer complejo de ocio de la zona se vio a diversos concejales populares, lo único que faltaba era la licencia de apertura que llegó algunos días más tarde.

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