Las razones humanitarias expuestas por los abogados de Ruth Ortiz, como alegato para que se le entregaran los restos mortales de sus dos hijos, han sido por fin debidamente atendidas. La madre de los pequeños asesinados a manos de su progenitor, podrá rezar ante sus tumbas cuando ella así lo decida y sin tener que pedir permiso a nadie para hacerlo, puesto que es en estas condiciones y no de una manera impuesta cómo cualquier deudo desea poder frecuentar el lugar donde están enterrados los despojos de sus familiares.

Me parece a mí que no era de recibo, por muchas pruebas forenses que tuviesen que realizar a los restos encontrados, y eso sí ya una vez identificados, tener a esa mujer apartada de lo que más había querido en la vida. Y es que la Justicia, cuya ceguera sólo puede explicarse frente a su obligación de impartir un veredicto ecuánime, no debe añadir en ningún caso más dolor sobre el dolor, sino intentar paliarlo con garantía y presteza.

Eso, que está tan claro para la mayoría de las personas que sienten un mínimo de compasión por aquel que sufre, no parece tan evidente cuando quien la solicita es un damnificado a causa de las aberraciones cometidas durante la Guerra Civil española por el bando nacional. Para justificarlo, algunos se obstinan en decir que eso sólo sirve para reabrir las heridas que dejó en las dos Españas la conflagración fratricida que tuvo lugar en este país entre los años 1936 y 1939, y lo que vino después, pero me huele más a que tienen algo que ocultar que otra cosa. No se entiende esta disparidad de opiniones cuando la damnificada es una pobre mujer indefensa cuya desgracia ha devenido en tiempos de paz, frente a otra en tiempos de guerra; salvo que entonces, como parecen dar éstos a entender, esté permitido cometer cualquier atrocidad -cosa que ya de antemano rechazo.