Muchos pensamos que, los señores encargados de redactar las leyes, usan poco el sentido común y abusan de cierto academicismo, utilizando un lenguaje demasiado técnico y, en muchas ocasiones, vocablos polisémicos en la redacción de las normas, que pudieran dar lugar a confusiones e interpretaciones distintas, según fueren los ciudadanos que las leyeren o, incluso, los propios profesionales que deban utilizarlas en el ejercicio de su profesión. Es lógico que unas normas que han de afectar a toda la ciudadanía, que pueden reportar conflictos o perjuicios para aquellos que las pudieran definir de forma distinta a como las concibió el redactor, deberían reunir en sí la claridad y la facilidad de interpretación para que, cualquier ciudadano medio, no formado jurídicamente, pueda comprenderla sin dudas y no se preste a distintas interpretaciones ni sea preciso acudir a la asistencia de un profesional de la Justicia, para entenderla correctamente. Desgraciadamente, esto no suele ser así y, si en el ámbito penal y civil, ya es frecuente encontrarse con dificultades de interpretación, en cuanto abordamos el ámbito administrativo, laboral o fiscal; entonces ya el porcentaje de los que precisan asistencia técnica para no incurrir en errores que luego reportan multas, recargos o sanciones de otro tipo; ya se puede elevar a más del 80% las personas que son incapaces de valerse por si mismas para hacer una declaración del IRPF, del Impuesto de Sociedades o rellenar los impresos de la Seguridad Social.

Si a ello añadimos que, los “letrados” que han cursado estudios universitarios, después de una enseñanza secundaria en la que su cosecha de suspensos; pudiera considerarse como anormal (algo propio de los alumnos de la LOGSE); el número de “letrados” “iletrados” valga el oxímoron, que han cursado su licenciatura con éxito, pero que siguen teniendo carencias en sintaxis, ortografía o idioma, puede que sea más numeroso de lo que se piensa. Una particularidad que, por cierto, también se da en muchos de los licenciados en Ciencias de la Información, que actúan de informadores o presentadores de las radios o cadenas televisivas y que, en muchas ocasiones, por su manera incorrecta de expresarse o pronunciar determinados vocablos, da la impresión de que se los debería mandar de nuevo a las aulas de primaria.

Lo cierto es que hace ya años que los defectos, podríamos decir que endémicos, de nuestra justicia nos van proporcionado sorpresas, desilusiones, enfados e indignación; cuando vemos que, además de los vicios que hemos intentado definir, los miembros de la Administración de Justicia, los fiscales, jueces, magistrados y miembros del TC, por su especial sistema de acceder a sus cargos, resulta que están politizados lo que, en la práctica, les produce a los ciudadanos el efecto de que las leyes son distintas según uno acuda a un juzgado u a otro; los procedimientos que los fiscales deben iniciar cuando tienen conocimiento de la perpetración de un antijurídico, se tratan de una forma distinta según la fiscalía esté en Catalunya o en Andalucía, e incluso, dentro de una misma autonomía, si una misma acción se produce en un distrito judicial o en otro. Pero cuando ya empezamos a dudar de las motivaciones de algunos juzgados y nos planteamos la urgente necesidad de que el Gobierno se tome en serio la reforma a fondo de la Administración de la Justicia, es cuando vemos como en localidades como Ceuta y Melilla los jueces, en lugar de aplicar con mayor rigor las leyes contra los que invaden nuestro país, se dedican a poner en la picota a la Guardia Civil porque se esfuerza, en ocasiones más allá de lo que les exige su deber, en evitar que España sea el coladero por el que se inunde a Europa de inmigrantes.

Veamos la situación en Ceuta y Melilla. Estas dos ciudades africanas desde hace ya bastante tiempo son objeto de sucesivas invasiones de inmigrantes que quieren entrar a la fuerza en territorio español. La imposibilidad de detener tales avalanchas con los escasos medios de que se dispone en ambas localidades, obligó a que construyeran unas verjas con el objeto de impedir que los miles de inmigrante pudieran entrar a pesar de los intentos de las fuerzas del orden para impedirlo. Se demostró que una sola barrera era insuficiente lo que ha obligado a crear un muro de tres barreras que, así y todo, resultan insuficientes porque los inmigrantes apelan a todos los trucos para subirse en lo alto de las barreras y luego intentan saltar dentro. Lo lógico es que si existen tres barreras no se considere que un inmigrante esté en territorio español hasta que haya superado la tercera.

En consecuencia, el jefe de la Guardia Civil de Melilla, el coronel Ambrosio Martín Villaseñor, dio instrucciones de que aquellos inmigrantes que se encontraran dentro del perímetro de barreras fueran devueltos, inmediatamente, a Marruecos sin necesidad de acudir a más trámites. Algo que se denomina en el argot como “en caliente”. ¡Lógico y práctico! Al parecer tres ONGs grabaron estos hechos y presentaron la denuncia correspondiente, ante el juez, titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla, alegando la inaplicación de la Ley de Extranjería ni el Convenio Hispano Marroquí de readmisión de inmigrantes. Falta ver si, como pretenden las ONG, se puede considerar que han entrado en territorio nacional unos señores que están encerrados entre dos barreras precisamente instaladas para evitar que esto suceda. Ya en varias ocasiones nos hemos preguntado a qué se debe tal cantidad de ONG que proliferan como hongos, que, en varias ocasiones han tenido que pedir ayuda al Estado por tener a algún miembro secuestrado y que han costado millones en rescates; cuando con una legislación que obligara a agruparse, a vigilar como se distribuyen sus ingresos y a dar cuenta del personal directivo, administrativo, etc. y de sus retribuciones (no fuere que todo se quedara en la burocracia y lo menos fuera a parar a obras benéficas) puede que fueran más efectivas y mejor administradas.

En todo caso, lo que no puede suceder es que un mando en plaza, como es el Coronel imputado, no tenga instrucciones precisas y claras; que no exista una legislación precisa y detallada de cómo se ha de tratar a los inmigrantes y, en consecuencia, como ya pasó en Ceuta con motivo de la invasión por más de un numeroso grupo de inmigrantes, resulte que, los que acabaron tragándose “el marrón”, fueron los guardias civiles que tuvieron que apechugar con aquella misión de contención. El señor ministro de Interior tiene que solventar, de inmediato. esta situación de desconcierto; apoyar, por supuesto, al Coronel de la Guardia Civil imputado y poner remedio y aclarar, si es preciso presentando el problema en Bruselas, cuáles son las obligaciones detalladas de las fuerzas del orden en Ceuta y Melilla, ante situaciones como las que hemos comentado.

España no puede estar en manos de políticos que traspasan sus responsabilidades, sus carencias y sus incompetencias a sus inferiores, que no tienen culpa alguna de que, los responsables directos del problema de la inmigración, no sean capaces de poner sobre el tapete comunitario, junto con Italia, este grave problema que, por lo visto, no les importa tanto a aquellos países que, a pesar de criticarnos, no permiten que se cuelen en ellos estos inmigrantes que pretenden que admitamos nosotros. El problema ya viene de atrás y no es de recibo que, el señor ministro de Interior, ahora le venga dando largas, permitiendo que sean sus inferiores los que tengan que apechugar con los efectos de una falta de normas concretas a las que atenerse, lo que les obliga a improvisar.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos con disgusto como pagan justos por pecadores en el tema de la inmigración.