Cuando se carece de argumentaciones solventes, faltan las bases fiables sobre las que basar un razonamiento bien construido y los antecedentes históricos, por mucho que se quiera bucear en ellos en busca de datos fidedignos que, por supuesto, nunca han existido, sin que la verdadera Historia pueda avalar a aquellos que pretendan formular una reclamación nacionalista.; suele suceder que se recurra a interpretaciones sesgadas de conceptos políticos, jurídicos e, incluso, sociales o presuntamente basados en tradiciones o leyendas, para intentar vestir de una capa de legitimidad a aquello que, no obstante, resulta imposible de defender desde ningún punto de vista.

A los separatistas catalanes les ocurre algo parecido cuando hablan de “legalidad”, para dorarles la píldora a los catalanes, a los que se mantiene engañados respecto a la procedencia y constitucionalidad de la pretendida convocatoria a una consulta, para que el pueblo se manifieste respecto al “derecho a decidir” referido, por supuesto, no a una cuestión nimia, como pudiera ser la convocatoria de unos juegos florales; sino para algo tan trascendental como es entrar en una materia, tan espinosa y absurda, como es la de pretender convocar un plebiscito unilateral de Catalanya sobre su, supuesto, derecho a separarse de España para formar una nación independiente.

Mil veces se ha comentado, desde las Cortes Españolas hasta el TC, la imposibilidad de llevar a cabo esta consulta, que ha sido calificada de inconstitucional y, por supuesto, lejos de las facultades delegadas por el Estado a las comunidades autónomas; que nunca se pueden enfrentar a las leyes estatales y, por supuesto, a los mandatos de la propia Constitución. Por extraño que nos pueda parecer, los políticos catalanes de los partidos defensores de la independencia, hacen oídos sordos a todas las reflexiones, mandatos, consejos y advertencias que, desde todos los órganos institucionales de la nación española, se les han venido haciendo. Tampoco se dan por enterados de los avisos de Bruselas y de las opiniones unánimes de distintos gobiernos de la CE que dejan bien claro que, una Catalunya independiente de España, no tendría cabida en la UE, ni podría beneficiarse de las ayudas de las que actualmente viene percibiendo de ella, del comercio sin aranceles que viene manteniendo con los distintos estados europeos ni de las ventajas y apoyos del BCE.

Presionados por el señor Junquera de ERC, CIU y el presidente del Gobern, señor Artur Mas, se hallan en una situación verdaderamente complicada, después de que se hayan desvelado los problemas del señor Pujol y su familia con Hacienda y la fortuna que, él y sus hijos, han venido amasando, a costa los beneficios logrados de sus relaciones y negocios conseguidos de los organismos públicos dependientes del Govern, durante los 34 últimos años, mientras don Jordi, simulando ser el defensor del pueblo catalán, acusaba hipócritamente y, con insistencia digna de mejor causa, al Estado español, de robar a Catalunya y perjudicar a los catalanes. A medida que la ayuda que pretendían hallar de la UE y las naciones pertenecientes a ella, así como de los propios EE.UU de América fueron fallando y fracasados todos los intentos de conseguir de Bruselas algún apoyo en el que poderse basar; a los separatistas catalanes no les ha quedado otro remedio que lanzarse de cabeza, en un intento supremo de convencer a los catalanes de que la consulta es posible y que, además, es legal, dándoles la vuelta a conceptos políticos y legales a los que les han cambiado su verdadero sentido, adaptándolo a su conveniencia y dándoles una significación que nada tiene que ver con la que realmente les corresponde.

No es raro escuchar, en boca de los portavoces de CIU, ERC, ICyV, UP o la propia ANC (Asamblea Nacional Catalana de la sectaria Carmen Forcadella) y, en algunas ocasiones, en algún miembro díscolo del PSC, emplear términos o conceptos como: “Soberanía popular”, “hecho diferencial”, “derechos democráticos del pueblo catalán” o que la famosa Ley de Consultas que están a punto de aprobar en el Parlamento Catalán, les permitirá convocar la consulta “dentro de la legalidad”; como si el acuerdo del Congreso de Diputados, las advertencias del TC, la lectura de la misma Constitución de 1.978 y el sentido común, no fueran suficiente para que estos señores, empecinados en defender que las leyes catalanas están por encima de las españolas en materias que ni les competen, ni están facultados para aprobarlas sin la previa autorización del Parlamento del Estado español; carecen de toda vigencia y constituyen un delito para quienes, sin atribuciones para ello, tienen la osadía de enfrentarse a la Justicia al pretender imponerlas como un mandato obligatorio al pueblo catalán.

Soberanía popular y democracia. Usan este concepto con la alegría de aquel que ha descubierto la piedra filosofal. Pero, en realidad ¿cuál es su significado? Si estamos en una democracia y nos regimos por leyes y una Constitución que nos indica nuestros derechos y deberes ¿cómo se puede hablar de soberanía popular o democracia, referidas a una sola comunidad autónoma, sin tener en cuenta al resto de españoles que también forman parte de esta soberanía popular? Para estos señores soberanía popular y democracia es un término elástico que les permite saltarse las leyes democráticas de la nación cada vez que a ellos les pase por la mente dejar de respetarlas. Imagínense ustedes el caso si, cualquier nación de Europa, pudiera estar expuesta a que sus provincias, länders, cantones o como se les quiera llamar, pudieran separase de sus respectiva nación sólo cuando sus gobernantes y ciudadanos lo decidieran. En el caso catalán ni tan siquiera les vale la excusa de que antes ya eran una nación, porque esto nunca ha ocurrido, limitándose a ser un simple condado del antiguo reino de Aragón. España, dice la Constitución, es una e indivisible y, mientras no se cambie por los procedimientos legales previstos, ninguna región o autonomía está legalizada para, unilateralmente, pretender separarse del Estado español.

Hecho diferencial. La propia Constitución ya tuvo en cuenta algo que a mí me parece de una obviedad apabullante. Todas las comunidades autónomas españolas tienen particularidades, costumbres, dialectos, diferencias geográficas, monumentos, peculiaridades gastronómicas, artistas y personajes que han destacado en las artes, las ciencias o las letras que, evidentemente se diferencian del resto de comunidades que, a la vez, se diferencian entre sí. El tema del idioma se ha exagerado y yo diría, sin temor a equivocarme, que se han valido de él, no tanto por la intención de preservarlo y promocionarlo (algo de lo que se ocupaban con gran afán sin que fuera necesario enfrentarlo al castellano, como si no pudieran coexistir como, de hecho, ocurre entre la multitud de castellano hablantes que viven en Catalunya), sino como arma arrojadiza en contra de Madrid y el resto de españoles que hablan el idioma español. Aquí no me resisto a transcribir una definición de un glosario sui generis, de Pércibal Manglano, del concepto “soberanía” que, para el autor, significa “independencia nacional que se reduce a pedir dinero prestado para gastar lo que no se tiene, que se exalta para no tener que devolver lo prestado”.

En realidad, aparte de ser una de las regiones más ricas de España, que parece no estar conforme con el deber de solidaridad, Catalunya no tiene motivo alguno para pedir la independencia más que un sentimiento atávico que les hace sentir, dentro de su riqueza, los más desgraciados de España. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos la sinrazón de aquellos que buscan el enfrentamiento en lugar de la concordia y buena vecindad.