EL JUDICIAL, el poder “público” que dentro de la teoría actual en mayor medida debería servir para garantizar la democracia, para contrapesar las arbitrariedades de la autoridad, para impedir la compresión de intereses entre y dentro de las jerarquías... resulta ser el más autocrático, caprichoso, arbitrario, corporativo y trabado de los tres. Con desaforada ventaja en proporción a los precedentes, pero además sometido a los partidos políticos y a los intereses de las propias camarillas judiciales...

¿Qué puede esperarse, pues, de una "Justicia" como la española, sino que sea la institución peor valorada del Estado, según se refleja en todas las encuestas de opinión que se efectúan al respecto?

En autocracias como la española, el sentido demófugo de este poder “público” alberga desde el inicio pocas dudas: no está demoelegido... Otrosí, constituye terreno abonado para corporativismos profesionales, compactaciones orgánicas, abusos de la más diversa índole y nivel, así como para infructuosos “procedimientos” legales que no avanzan hacia un destino veraz ni respetan las leyes del tiempo, y que a la postre evacuarán sentencias que quizá nadie se encargue de hacer cumplir, excepto que resulten provechosas para el poder.

Los poderes restantes, aunque desposean en la práctica de atribuciones efectivas al pueblo, escenifican al menos ligeros barnices demoelectivos para siluetearse con un cierto grado de legitimidad de origen, ya que no de ejercicio. No así el que "garantiza" la higiene democrática de todo el edificio del Estado...

Por cierto que ya garantizaba la higiene del Estado franquista. Sus actuales cúpulas aún llegaron a tiempo de iniciar sus carreras al servicio de aquel régimen, y las demás señorías se formaron dentro de aquel esplendor jurídico o se han impregnado después de los textos y las prácticas de tan egregios juristas.

En todo legalismo imperante sobre el pueblo a través de "señorías" inelectas no han faltado jamás “jueces para la democracia” ­(orgánica, representativa, autorrepresentadora...­). Lo que no alcanzamos nunca en España es “democracia para los jueces”, que constituiría argamasa imprescindible para el laicismo judicial y para una democracia demócrata o real.