Según los datos del propio Ministerio de Educación, con referencia a la clase de Religión, dos de cada tres alumnos de los centros públicos se inclinan por la asignatura de religión, lo que demuestra la amplia demanda de las familias, cuyo derecho está amparado por la Constitución.
El problema afecta a todas las confesiones religiosas, por lo que no se trata de reivindicar ningún tipo de privilegios por parte de la Iglesia católica, como recordaban días atrás los obispos. Expresaban su convicción de que todavía hay tiempo para rectificar, pero no deja de señalar que resulta difícil entender el deficiente trato dado por este Gobierno a la formación espiritual y ética de los escolares, que tan esencial resulta para superar la crisis del sistema educativo.
