El negar que España haya entrado en una nueva etapa en cuanto a su recuperación económica, por muy leve que sea y por muy reducida respecto a lo que todavía queda por conseguir, es tanto como obcecarse en querer mantener un pesimismo absurdo y exagerado, respecto a unos hechos que nos llevan a considerar nuestra situación, con una leve esperanza y optimismo respecto a nuestro futuro a mediano plazo. Es curioso que, cuando los economistas hablan de que, para que se comience a crear empleo el PIB debería experimentar, al menos, un aumento cercano al 2%; no obstante, cuando rondamos apenas el 1%, durante el último trimestre del corriente año, hemos tenido la reconfortante noticia de que, en España, se crearon 402.400 empleos, el mayor incremento de ocupación desde el lejano año 2005.

Pero es que hay más noticias satisfactorias como el que, en el segundo trimestre de este año, el paro bajó en 310.400 personas respecto a trimestre anterior (un 5,2%) con lo que el número restante de parados ha quedado en 5.662.900 personas, el nivel más bajo desde el 2006 (un año antes del comienzo de la crisis). Por mucho que los Sindicatos sigan en sus tesis derrotistas e insistan en que mucho del empleo creado tiene carácter temporal y los contratos indefinidos escasean; en esta ocasión se da la circunstancia de que, en el último trimestre, el número de asalariados se incrementó en 388.000 personas de los que 207.800 tenían contrato temporal pero, atención, 180.200 eran asalariados fijos o indefinidos. Pero es que, contrariamente a lo que sucedía en otras ocasiones en que muchos ciudadanos se rendían ante la imposibilidad de conseguir trabajo en ésta, la evolución de la población activa ha vuelto a crecer, nada menos que en 92.000 personas. Con estas noticias de la EPA, divulgadas por toda la prensa y el resto de medios de comunicación, hasta los partidos más remisos a concederle al Gobierno el más mínimo halago, han tenido que reconocer que es una buena noticia.

Sin embargo, hete aquí que aquellos que, últimamente, se están manteniéndose en la cuerda floja; los que han venido recibiendo más críticas y sobre los cuales están recayendo sospechas suficientemente fundadas de que, por parte de algunos de sus miembros, se han utilizado de forma fraudulenta las ayudas recibidas del Estado, destinadas a ayudar a obreros en dificultades; los dos Sindicatos mayoritarios ( hasta ahora) del país, especialmente la UGT del señor Cándido Méndez y, también, en cierto modo, las CC.OO del señor Fernández Toxo, han decidido ( suponemos que, para intentar desviar la atención de los trabajadores de sus propios problemas con la Justicia) intentar por todos los medios continuar protestando contra el Gobierno, negándole el pan y la sal, incluso en materias tan evidentes como es el vuelco que está experimentando España, precisamente, para bien.

Escuchar al señor Méndez hablar de “desestacionalización”, de “empleo precario” y de falta de contratos fijos, nos hace el mismo efecto que escuchar un disco rayado que sigue insistiendo en el mismo pasaje una y otra vez, sin que la melodía cambie ni para delante ni para atrás. Claro que, cómo vamos a pedirle a este veterano de la vieja escuela sindicalista, Cándido Méndez, amante de la acción directa y perdido en cuanto se trata de tratar de economía, de ciclos y de entender lo difícil que resulta recobrar el empleo, si antes las industrias no han recobrado su actividad plena, su competitividad y sus posibilidades de financiación; que sepa leer lo que escriben los expertos, que admita que los cambios y recortes que el gobierno de Rajoy y las reformas laborales que se aplicaron, siguiendo las normas europeas, han ido dando sus frutos y que, si nos hemos retrasado más de lo debido en lograr este pequeño progreso, en gran parte se ha debido a que, el PSOE del señor Zapatero, dejó a la nación hecha un guiñapo; incapaz de financiarse en los mercados bursátiles a causa de la desconfianza que los inversores sentían hacia la economía española; pagando unos intereses desorbitados y un seguro que garantizase a los acreedores que respondería en caso de insolvencia del Estado español.

Ni que decir tiene que es preciso atribuir, a la actividad sindical, una parte importante en el descrédito que han intentado crear en Europa; ellos y algunos partidos de izquierdas y nacionalistas, que se han movido de una forma torticera, irresponsable, antipatriótica, tendenciosa y partidista, para intentar poner todas las trabas posibles al Gobierno que pretendía, desesperadamente, sacar a flote la nación. Lo que se callaron cuando gobernaba el PSOE, lo que evitaron y lo que convinieron con el partido socialista, que finamente dejó la friolera de 4 millones de parados; mientras ellos fueron incapaces de impedir el derrumbe de España, sin mover un solo dedo para protestar por ello; en cuanto el PP subió al Gobierno, no perdieron tiempo en hacerle reproches, en criticar sus esfuerzos por conseguir que la bolsa se reactivase y llegaran inversores que abarataran el coste de nuestra deuda y en hacerle responsable de todos los errores, chanchullos, despilfarros que sus antecesores le habían dejado en herencia. La mudez anterior se convirtió en ácidas críticas, descalificaciones, huelgas, manifestaciones, revolución en las calles y desórdenes que llegaron a crear serios problemas de orden público en los que, para más INRI, pretendieron culpar a las fuerzas del orden público, acusándolas de “abuso de fuerza” en la más deleznable de las tergiversaciones en las que son tan expertos los activistas de la izquierda.

Ahora, furiosos porque parece que los problemas se van solucionando, los inversores acuden entusiasmados a la compra de nuestros valores y deuda pública; cada vez pagamos intereses más bajos en nuestras colocaciones de valores públicos; nuestras relaciones internacionales son excelentes; se empiezan a notar atisbos de expansión económica; el empleo parece que está entrando en mejoría; es cuando las dos centrales sindicales, ante el fiasco de sus recursos ante el TC, desestimados por tan alta instancia en una resolución que se pronuncia contra determinados presuntos “privilegios” de los trabajadores, tanto en casos de despido, como en cuanto a los convenios colectivos, especialmente en un aspecto que les escuece particularmente a los sindicatos, cuando el TC establece la preferencia al convenio de Empresa sobre los de ámbito superior ( esto les supone pérdida de influencia sobre las empresas, especialmente las pequeñas). Su reacción inmediata es oponerse a la sentencia del TC, como suelen hacer siempre que les perjudica, y ya anuncian que van acudir a instancias europeas como es la OIT.

Y a estos hechos, contrarios a los progresos que la política del gobierno está logrando, sólo tienen que oponer sus problemas judiciales, especialmente en Andalucía, pero con posibilidades que repercutan en otras comunidades, por presuntas graves irregularidades delictivas en el reparto de los fondos recibidos del Estado para ayudas a obreros perjudicados por los EREs y referentes a unas facturas falsas de la UGT, en las que se hacían figurar importes superiores a los que debían de haberse facturado cuya diferencia, como es fácil adivinar, iba a parar a los bolsillos de ciertos sinvergüenzas que se aprovechaban así de sus cargos en el seno del sindicato socialista.

Es evidente que la valorización que los ciudadanos hacen de los Sindicatos, en España, está a la altura de sus “meritos” y ya son muchos los que preferirían que no existieran y que el Gobierno dejara de subvencionarlos. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, denunciamos la inoperancia de unas organizaciones completamente obsoletas: la UGT y CC.OO.