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Es tiempo de que se aplique la justicia

Pendientes de la juez Alaya

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Al menos, por lo que respecta a los imputados aforados en el caso de los EREs fraudulentos de Andalucía parece que el calvario de la espera y la posible toma de tranquilizantes toca a su fin, pues la sevillana juez Alaya ha solicitado de la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre cual es el tribunal competente para instruir las correspondientes causas y todos, incluida ella, puedan pasar un mes de agosto con relativa tranquilidad.

Lógicamente sabemos qué Tribunales son los que corresponden a los altos cargos, a saber, para Manuel Chaves, Jose Antonio Viera y José A. Griñán se podrían ver las caras ante el Tribunal Supremo, los dos primeros por ser Diputados nacionales y Griñán por su condición de Senador del Reino; mientras que Carmen Aguayo (exconsejera de Economía), Manuel Recio (exconsejero de Empleo), Francisco Vallejo (exconsejero de Innovación) y Antonio Ávila (exconsejero de Economía) serían juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al ser en la actualidad Diputados en el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, a saber: Parlamento de Andalucía.

Parece ser que esta parte del sumario, la de los aforados, se la desea quitar de en medio la juez Alaya antes de que se inicie agosto y poder seguir con el resto de imputados, muy cercano a los 200, entre los que se encuentra Magdalena Álvarez que, al no ser aforada, sería juzgada en su día como una criatura normal y ordinaria.

Según avanzan los expertos y empollones el sumario, hasta ahora, consta de más de 300.000 folios, pero la guita del mismo parece no tener fin, pues hoy mismo la ya famosa juez ha solicitado una fianza de cerca de nueve millones de euros para los seis hijos del señor de la antigua Rumasa, que por cierto, y a pesar de su edad, también está imputado.

Ya es hora de que este caso se resuelva de una puñetera vez para saber en qué terminan estos años de trabajo, zozobras, huidas, billetes de quinientos euros y tranquilidad para los familiares de todos los presuntos inocentes o culpables.

Es tiempo de que se aplique la justicia, pero, aunque me cueste un pequeño disgusto, apostaría más fuertemente por la jurisdicción ordinaria que por la extravagancia de la Suprema y/o Superior.


En fin, poco parece ser que queda para saber algo más que rumores.

Pendientes de la juez Alaya

Es tiempo de que se aplique la justicia
José García Pérez
sábado, 26 de julio de 2014, 06:00 h (CET)
Al menos, por lo que respecta a los imputados aforados en el caso de los EREs fraudulentos de Andalucía parece que el calvario de la espera y la posible toma de tranquilizantes toca a su fin, pues la sevillana juez Alaya ha solicitado de la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre cual es el tribunal competente para instruir las correspondientes causas y todos, incluida ella, puedan pasar un mes de agosto con relativa tranquilidad.

Lógicamente sabemos qué Tribunales son los que corresponden a los altos cargos, a saber, para Manuel Chaves, Jose Antonio Viera y José A. Griñán se podrían ver las caras ante el Tribunal Supremo, los dos primeros por ser Diputados nacionales y Griñán por su condición de Senador del Reino; mientras que Carmen Aguayo (exconsejera de Economía), Manuel Recio (exconsejero de Empleo), Francisco Vallejo (exconsejero de Innovación) y Antonio Ávila (exconsejero de Economía) serían juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al ser en la actualidad Diputados en el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, a saber: Parlamento de Andalucía.

Parece ser que esta parte del sumario, la de los aforados, se la desea quitar de en medio la juez Alaya antes de que se inicie agosto y poder seguir con el resto de imputados, muy cercano a los 200, entre los que se encuentra Magdalena Álvarez que, al no ser aforada, sería juzgada en su día como una criatura normal y ordinaria.

Según avanzan los expertos y empollones el sumario, hasta ahora, consta de más de 300.000 folios, pero la guita del mismo parece no tener fin, pues hoy mismo la ya famosa juez ha solicitado una fianza de cerca de nueve millones de euros para los seis hijos del señor de la antigua Rumasa, que por cierto, y a pesar de su edad, también está imputado.

Ya es hora de que este caso se resuelva de una puñetera vez para saber en qué terminan estos años de trabajo, zozobras, huidas, billetes de quinientos euros y tranquilidad para los familiares de todos los presuntos inocentes o culpables.

Es tiempo de que se aplique la justicia, pero, aunque me cueste un pequeño disgusto, apostaría más fuertemente por la jurisdicción ordinaria que por la extravagancia de la Suprema y/o Superior.


En fin, poco parece ser que queda para saber algo más que rumores.

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