“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”
F. de Quevedo

Tarde o temprano tenía que producirse y lo lamentable es que se haya tardado tanto tiempo en ponerle coto a la costumbre de determinados jueces, al frente de los cuales se sitúa de forma destacada don Baltasar Garzón, suspendido diez años por prevaricación; de creerse que la separación que debe existir entre los legisladores y los que aprueban las leyes, su independencia los unos de los otros y el debido acatamiento de las normas por las que se rigen respectivamente, puede, en virtud de no se sabe que clase de privilegios que algunos han decidido otorgarse por su cuenta, saltarse a la torera la correcta interpretación de las leyes si, según su particular criterio, no se ajustan a lo que para ellos debiera ser; no cuadra con su tendencia política o les disgusta personalmente; en cuyo caso, no les importa juzgar los expedientes, en este caso penales, que se les someten a consideración, no como la equidad y la ética lo requerirían, sino tal y como ellos piensan que debería ser. A ello se le llama prevaricación, mírese desde el punto de vista que se quiera ver.

No se sabe por qué peregrina circunstancia parece que, a la Audiencia Nacional, han ido llegando determinados jueces que, al parecer, son simpatizantes de los procedimientos del señor Garzón, con el que comparten la vena “progre” que se ha puesto de moda en tantos jueces y fiscales; de modo que parece que le van cogiendo gusto a esto de aparecer en las portadas de los periódicos y constituirse en personajes mediáticos. Es evidente que nada hay que pueda perjudicar más a la Administración de Justicia y a quienes les compete ejercerla, que lo que debería ser una especie de confesionario como, de hecho, ha venido siendo durante cientos de años; de pronto, se convierta en una pantalla de televisión en la que “sus señorías” aparezcan ejerciendo de protagonistas, en papeles estelares, adjudicándose el rol justiciero de Dick Túrpin, el bandido generoso, convirtiéndose, de estrictos juzgadores según lo establecido en la ley, en correctores de las mismas como, en su día, nos explicó el ministro de Justicia del PSOE, señor Mariano Jiménez Bermejo, cuando nos asombró a todos los españoles con su especial concepto de cómo se debían interpretar las leyes: “ las leyes están para que se apliquen según convenga en cada momento”. ¡Huelgan comentarios!

Vean ustedes la defensa a ultranza que, en su día, hizo el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, acusando al Gobierno de estar tratando a los jueces de la Audiencia Nacional que defienden la justicia universal, como “un grupo de progres que solamente buscan la exhibición y el estrellato”. Nos gustaría que, a la vista de la llamada al orden que el Tribunal Supremo ha hecho a todos estos jueces, culpables de que 53 narcos fueran puestos en libertad, al interpretar que la nueva ley española sobre Justicia Universal no amparaba la detención en alta mar de los traficantes de drogas; olvidándose de que el Art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referente a los casos de abordaje de tráfico de drogas en el ámbito marítimo, si autorizaba, de acuerdo con los tratados internacionales, tales aprensiones de contrabando de drogas. No sabemos qué criterio aplicaría el magistrado Martín Pallín a la vista del varapalo que el TS les ha propinado a los culpables del entuerto.

Sí sabemos, en cambio, que la Sala de lo Penal del TS ha sentado las costuras a los jueces de la Audiencia (con preocupación, según ha manifestado uno de los jueces) al mantener, con modificaciones, el criterio que manifestaron los tres jueces de la AN en contra de la opinión de la mayoría, que falló a favor de excarcelar a los narcos detenidos. Grande Marlaska, Concepción Espejel y Ángel Hurtado estuvieron en contra aunque, según la sentencia del Supremo, los argumentos de unos y otros no eran válidos. La cosa resulta más sencilla, como ocurre en tantos casos, y de lo que se traba era de que, en lugar de aplicar el párrafo D que fue el que aplicaron erróneamente; debieron de haber tomado en consideración el párrafo I, que era el verdaderamente aplicable. Quizá un juez novato podría incurrir en semejante negligencia, pero unos señores jueces, como es el caso del juez Bermúdez, perfectamente conocido por el juicio del 11M, o el juez Andreu, si dejamos aparte las dudas del juez Pedraz y del juez Ruz; todos ellos del ala progresista, no pueden alegar que no se leyeran el artículo de que se trata entero; salvo, y ahí tenemos nosotros lasa dudas, si prefirieron no verlo porque se trataba de hacerle una jugada al Gobierno, dejando en libertad a los narcos como una forma de hacerle llegar su desacuerdo con la nueva ley de Justicia Universal.

Puede que el CGPJ, a la vista de lo poco amigo que es de complicarse la vida y lo hábil en escurrir el bulto en cuanto puede; no estime necesario tomar parte en este asunto y decline investigar las causas por las que, una serie de jueces de la AN, han coincidido en no tomar en cuenta el famoso párrafo I que permitía la detención, encarcelación y el ser juzgados en España de todos los delincuentes a los que la negligencia, para no darle otro calificativo más duro, de unos jueces de tanta responsabilidad, incurrieran en el mismo fallo. Muchos, sin embargo, estamos convencidos de que es preciso limpiar nuestra judicatura de tantos elementos infiltrados, en los que su afección política los convierte en un verdadero peligro para la sociedad y en una vergüenza para la misma carrera judicial, en la que una mayoría de jueces cumplen con la función que les compete, sin alharacazas ni publicidad alguna, sabedores de su gran responsabilidad ante la sociedad.

Claro que el tema de la Justicia en España continúa siendo una de las varias promesas que los del PP nos hicieron cuando nos pidieron el voto para gobernar España. Si, en lo económico, podríamos decir que se ha cumplido en parte, a medida que han podido; con lo que prometieron; en otros aspectos y, concretamente, en poner orden en la Administración de Justicia, todavía sigue pendiente sin que, por desgracia, los pocos esfuerzos que han tenido lugar al respeto hayan dado el fruto apetecido y, los medios que siguen reclamando los jueces para poder llevar a cabo su trabajo con eficiencia, siguen sin llegar, a pesar de que el retardo en el despacho de los pliegos pendientes de sustanciar, sigue en aumento; en perjuicio de la rapidez exigible en la aplicación de la Justicia.

Ahora, si es que queremos reparar el estropicio, será necesario volver a apresar a los que fueron liberados, que deberán ser buscados a través de órdenes de detención internacional contra ellos. Algo que se contempla complicado, porque todos estos sujetos son expertos en ocultarse más cuando saben que se los está buscando. Y estos señores eran los que querían volver sobre los llamados “crímenes del franquismo” y alguno de ellos incluso quiso juzgar a Franco, aunque estuviera muerto. Mejor sería que se dedicaran a efectuar su trabajo con diligencia, se dejaran de cuestiones políticas que no les corresponden y se dedicaran con ahínco a ponerse al día en su labor, algo que los que piden justicia agradecerían y es resto de ciudadanos nos sentiríamos más tranquilos al ver que el dinero de nuestros impuestos no se dedica a misiones imposible o va a parar a manos de personas que no se lo merecen. O así es como, señores, desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, vemos el desbarajuste que, un grupo de jueces politizados, está causando en el correcto funcionamiento de nuestra Justicia.