El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha procesado al diputado 'popular' David Serra, a tres exconsellers de la etapa del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps --Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera--, y a otras 23 personas por adjudicaciones desde diferentes departamentos de la Generalitat a empresas del Grupo Correa, mayoritariamente a Orange Market S.L.

Así consta en un auto, contra el que cabe recurso, dictado por el magistrado José Ceres, en el que se pone fin a la instrucción de la pieza 5 del 'caso Gürtel', relativa a contrataciones entre el Consell, la empresa dirigida por Álvaro Pérez 'el Bigotes' y otras sociedades del Grupo Correa.

En total, el juez ha decidido procesar a 27 personas, a las que atribuye presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude. Entre los procesados se encuentran Serra --por varias contrataciones del Open de Tenis cuando era secretario autonómico de Deportes--, De Miguel --por contrataciones en su etapa en Bienestar Social--, Cervera y Rosado --por contratos relacionados con el Hospital Clínico en sus diferentes etapas en Sanidad--.

Junto a ellos, la lista se extiende a la que fuera directora general de Promoción Institucional Dora Ibars por el montaje del stand de Grandes Eventos de Fitur 2009 y la contratación de la Guía de la Comunicación y Memorias USB; a la exdirectora general del Libro Silvia Caballer y al exdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós por contrataciones de Software Libre y, además, Farnós por la contratación del X Aniversario de la Sociedad Proyecto Castellón Cultural.

Así mismo, figuran como procesados el exsecretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro por contrataciones en Bienestar Social; la exdirectora del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y exsecretaria autonómica de Educación, María Auxiliadora Hernández por dos contrataciones originadas por el Instituto Valenciano para la Educación y Calidad Educativa (Ivece); la gerente de la Fundación Luz de las Imágenes, Carmen díaz, por contrataciones de la entidad en los años 2005, 2006 y 2008.

El juez también ha procesado a la que fuera gerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana Arantxa Vallés, por un acto de la Volvo Oceans Race en la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica de la Comunitat; el exdirector de Asistencia Sanitaria Rafael Peset, y Pau Aviñó, quien ocupó un cargo de la Conselleria de Sanidad, por los Premios Salud y Sociedad 2006 y 2007.

La lista se extiende también a Enrique Bort, exjefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva); Inmaculada García Pardo, directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE); Paula de Cubas, ex asesora de prensa de diversos departamentos de la Generalitat; y José María Vidal, quien ocupó diferentes cargos en la Administración y también trabajó para Orange Market, por un vídeo de parques empresariales del Sepiva.

Así mismo, figuran como procesados a Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, exasesor jurídico de Vaersa; Patria Callaghan, jefa de sección del Área de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio; el que fuera jefe de área en Vaersa Antonio Santo Juan; y el entonces director general de Vaersa, Juan Miguel Bellver, por contrataciones desde la entidad con Orange.

Además, se ha procesado a la cúpula de Gürtel, entre ellos, Francisco Correa, Cándido Herrero, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', Felisa Jordán y Mónica Magariños.

Por contra, el juez ha dejado fuera de esta pieza al exsubsecretario de Sanidad y actual alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, al considerar que los contratos que firmó le vinieron dados del anterior equipo; a la exsecretaria autonómica de Deporte Niurka Montalvo; a Clara Abellán, de la Conselleria de Bienestar Social; y los exresponsables de la Conselleria de Sanidad José Eduardo Clérigues, María Luisa Carrera y María Pilar Adela Ripoll.

PARTICIPACIÓN DE SERRA Y EXALTOS CARGOS
Respecto a David Serra, el magistrado estima que pese a lo que él ha defendido, que era el responsable "real" de las contrataciones, ya que era quien las autorizaba como menores, daba la conformidad a los servicios prestados por Orange y tuvo una intervención "relevante". En concreto, sobre el Open de 2007, el juez considera que fue él quien presuntamente negoció con Orange y fue el responsable de las "indebidas" contrataciones menores.

Por su parte, en relación con Alicia de Miguel, el juez indica que su presunta participación en la decisión y responsabilidad sobre las supuestamente anómalas contrataciones investigadas no puede excluirse en esta fase procesal. Al respecto, el exjefe de gabinete manifestó reiteradamente que fue De Miguel quien organizó los actos, eligió a la empresa y que, incluso, fue ella quien personalmente le presentó a Álvaro Pérez como la personas que se iba a encargar de organizar los actos investigados.

Por su parte, la exconsellera señaló en su declaración que quien decidía las empresas con quien contratar era el Área del Gabinete. Sin embargo, las personas de esta área con cargos relevantes manifestaron desconocer cómo se contrataba, con quién y las razones.

Sobre Luis Rosado y Manuel Cervera, el magistrado señala que de lo actuado "cabe colegir" que las contrataciones que hicieron ambos fueron "pluralmente irregulares, coordinadas y dirigidas por alguien superior a las respectivas Direcciones Generales, siendo sorprendente que por todas ellas se facturaran cerca del tope de los 12.000 euros en gran parte por Caja Fija".

INVITACIONES Y FRACCIONAMIENTO
El juez estima el mismo 'modus operandi' en la adjudicación de contratos al Grupo Correa por parte de departamentos de la Generalitat. Así, enumera que las sociedades de este grupo se presentaban a los procedimientos negociados de contratación sin publicidad y con mera invitación; que había fraccionamiento intencionales; o procedimientos negociados con invitación a sociedades ajenas al Grupo en los que Orange, un tiempo relevante antes de la invitación y dada su cierta complejidad, ya había comenzado con mucha anterioridad a ejecutar la prestación contando con su adjudicación.

Así mismo, indica que se utilizaban técnicas que dificultaban el ya de por sí deficitario control y fiscalización de la facturación y contratación, en particular la de naturaleza menor; y la presunta colaboración de empleados públicos para cambiar los conceptos de las facturas, en algún caso esenciales.

En cuanto a la malversación de caudales, el magistrado afirma que tras el análisis de las correspondientes hojas de costes intervenidas en los registros judiciales, se desprende que el valor de coste real de los distintos actos investigados y el valor final facturado, que en ocasiones puede conllevar un diferencial para el Grupo, asciende al 100 por cien o más porcentaje.