Si el Tribunal SUpremo hubiera tumbado la ley de Massachusetts que obliga a las clínicas abortistas a disponer zonas neutrales contra el comportamiento hostil en sus inmediaciones sobre el vigoroso voto particular de los cuatro magistrados de izquierdas, la truculenta reacción de muchos de los políticos del estado — que al momento prometían encontrar alguna limitación nueva que permitiera marginar la sentencia — habría sido más fácil de justificar.

Pero cada uno de los nueve magistrados falló idénticamente resolviendo que el código de Massachusetts vulnera de forma indefendible la Primera Enmienda. Hasta los defensores más inflexibles del derecho al aborto en el estrado — tres de los jueces son juezas — se vieron en la obligación de recordar a la legislatura que la ciudadanía tiene derecho a opinar libremente en el espacio público. Es un componente bastante elemental de la libertad norteamericana. Habría sido tranquilizador escuchar reconociendo lo propio a los políticos de Massachusetts.

En lugar de eso, la Fiscal General Martha Coakley anunciaba públicamente que "esta lucha acaba de volver a empezar" y achacaba la sentencia por mayoría unánime no a las invasiones de competencias legislativas en Massachusetts, sino a un Tribunal Supremo que "desde el principio se mostró hostil". Una de los Demócratas que se postula a la sucesión de la Fiscal Coakley, la abogada de la acusación Maura Healey, declaraba "inconsciente" que los jueces "nieguen unos segundos de privacidad a las mujeres que acuden a consulta con sus médicos". Warren Tolman, otro aspirante a la sucesión, instaba a los legisladores a "identificar la intervención inmediata a implantar por la legislatura y el municipio" para reemplazar los 10 metros de seguridad. El presidente de la cámara Robert DeLeo y la presidenta del Senado Therese Murray manifestaban su apoyo al trámite de un anteproyecto antes de cerrarse el curso legislativo el 31 de julio.

Pero antes de precipitarse a tramitar otra ley descarriada, puede que los políticos de Massachusetts quieran reflexionar en torno al mensaje en el fondo de la anulación resuelta por el tribunal: Garantizar la seguridad física al acceder a las clínicas es un motivo legítimo e importante de preocupación, pero ello no valida la privación maximalista del derecho a la libertad de expresión de las personas que no representan ninguna amenaza para la integridad física.

"Una línea pintada sobre la acera es fácil de respetar", fallaba el tribunal, "pero el objetivo primordial de la Primera Enmienda no es la eficacia". Si los gamberros impiden el acceso a una clínica, está usted en su derecho a impedírselo. No tiene usted derecho a imponer una barrera arbitraria a lo largo de la vía pública y valerse de ella para criminalizar la libertad de expresión o el reparto de panfletos.

Hay maneras mucho menos ofensivas de mantener el orden público que dar "el paso radical" de implantar una zona de seguridad sin libertad de expresión. La legislatura tendría que haberlo sabido, dice el Tribunal Supremo. No era tanto pedir.