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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

La Ley de Consultas catalana, un intento vano de validar la consulta del 9N

Una democracia exige a quienes la constituyeron es que los ciudadanos se atengan a las leyes comunes
Miguel Massanet
jueves, 17 de julio de 2014, 07:10 h (CET)
Puede que, en España, quede todavía algún despistado que se deje embaucar por los intentos del separatismo catalán de buscarle salidas a su empeño en dorar, con una capa de legalidad lo que, visto desde el punto de vista que se quiera, no tiene justificación alguna: ni desde el punto de vista histórico, ni desde la legalidad vigente ni, por mucho que ellos se aferren al argumento, querer aplicar el derecho democrático de los ciudadanos de la autonomía, sin que el resto de españoles fueran consultados también.

Es cierto que, tanto al señor Mas como a su camarilla de defensores de una “Catalunya lliure”, les interesa presentar el problema catalán desde la óptica del derecho del pueblo catalán a decidir su destino por si mismo, sin que el resto de los españoles tengan nada que decir respeto a esta decisión unilateral. Lo primero que les debemos recordar, a estos señores, es que una democracia lo primero que exige a quienes la constituyeron es que los ciudadanos se atengan a las leyes comunes, se sometan a los principios de la Constitución que, en un referéndum constituyente todos se otorgaron y que nadie, que no sean los órganos de los que se dotaron con competencias para ello, en el caso de España el Parlamento y el Senado, puedan reformar el contenido constitucional de acuerdo con unos determinados procedimientos y con el apoyo de unas mayorías ad hoc.


Los independentistas catalanes juegan con un engaño para convencer al pueblo, diciéndole que le asiste un derecho democrático a decidir sobre su futuro, como si Catalunya no hubiera aceptado, mayoritariamente, nuestra Constitución de 1.978. Recordemos algunas cifras: fue votada por más del 68% de los votantes catalanes con derecho a voto cuando el Estatut fue votado apenas por un ridículo 36%; lo que indica que la Constitución recibió de los catalanes un 72% más de apoyo que el Estatut. Curiosamente el respaldo de los catalanes a la Constitución fue superior al de Madrid y similar al de Córdoba o La Coruña. Otro dato: los catalanes que apoyaron a los partidos separatistas (ERC, CUP, SI, incluyendo a todo CiU e IU) lo hicieron sólo en un 40% mientras los que apoyaron a la Constitución fueron un 62%. Es evidente que una mayoría del pueblo catalán se sintió concernido y defendió la implantación de la Carta Magna que, entre otras disposiciones, establecía la unidad indivisible de España y la solidaridad entre todas las regiones de la nación.

Es obvio que la democracia no se puede fraccionar a gusto o que se pueda exigir cambiarla por corpúsculos menores; de modo que, si así fuera, no tendría razón de ser porque siguiendo esta peregrina teoría un pueblo determinado, por acuerdo de sus ciudadanos, podría independizarse de la propia autonomía, lo que nos conduciría al absurdo. Resulta pueril, absurdo y carente de todo sentido el argumentar que, cuando se aprobó la Constitución muchos catalanes no habían nacido y que, en vista de ello, no tienen porque Sería lo mismo que se pusiera en cuestión la vigencia de las leyes penales o el mismo Código Civil, vigente desde el Decreto de 24 de julio de 1.889, para todos aquellos que hubieran nacido con posterioridad a la de su puesta en vigor. “Pacta sunt servanda” es un principio del Derecho que indica la necesidad con los acuerdos que se han tomado se sigan y se cumplan en los términos en los que fueron convenidos.

Lo cierto es que, una parte de la nación española ha decidido ignorar las leyes comunes y ha decidido, unilateralmente, rechazar los preceptos constitucionales, intentando partir de cero para atribuirse el derecho de crear un estado nuevo con parte del territorio español, que ellos mismos se quieren adjudicar y del que se han declarado dueños, sin tener en cuenta lo que el resto de españoles piensan al respeto. Ahora, la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, un organismo que, con su nombre rimbombante, no sirve para otra cosa que para intentar encontrar el medio de saltarse a la torera la Constitución, procurando darle un tinte de legalidad a las leyes que se saca de la chistera el Parlament catalán. Este organismo ha aprobado una nueva norma, que ya nace muerta porque contraviene directamente la ley, que atribuye al Parlament facultades que no le corresponden y que contradicen, directamente, lo dispuesto en la Constitución y las leyes y reglamentos que determinan las facultades de las autonomías.

Con esta ley de Consultas pretenden prescindir de la preceptiva autorización del Parlamento español, para poder organizar cualquier tipo de consulta dentro de la propia autonomía. Por si fuera poco, la consulta sobre la legalidad del referéndum por “el derecho a decidir” ya fue rechazada por los parlamentarios españoles; lo que, automáticamente, invalida que, a un nivel inferior y excediéndose de las facultades establecidas en el Estatut, pretenden llevar de nuevo al Parlament catalán, para poder aprobar a nivel local lo que les fue negado a nivel nacional. Es de suponer que su paso reglamentario por Consejo de Garantías Estatutarias para que se dictamine si la nueva norma es o no constitucional, no va a impedir que sea aprobada, definitivamente, por un Parlament dominado por los separatistas.

No lo deben tener claro los propios dirigentes del Gobern catalán, cuando el señor Mas parece que ya busca salidas que le permitan salvar la cara y, de paso, evitar enfrentarse al resto de nacionalistas, que están decididos al enfrentamiento directo con el Estado español. Ahora parece que el señor President ya estaría dispuesto a negociar la fecha de la pretendida consulta y hasta, aquello que parecía imposible apenas hace unas semanas, la misma redacción de la pregunta que se les deberá formular a los votantes. Otro intento de salirse con la suya que, en definitiva consiste, más que en el contenido de la consulta, en pretender demostrar que han sido capaces de vencer al gobierno, celebrando la consulta que ha sido motivo de la confrontación entre la Generalitat catalana y el Estado español.

No obstante, conviene recordarle al señor Rajoy y su gobierno que, los verdaderos españoles, los que defienden a capa y espada la unidad de la nación, la solidaridad entre todos los españoles y que, en todas la autonomías, se tengan los mismo derechos, sea del uso libre del castellano o sea la posibilidad de que, en todo el territorio nacional, nuestros hijos puedan estudiar en la lengua que deseen, incluida, como no puede ser de otra manera, el castellano o español. Algunos, conociendo el pactismo innato de nuestro Presidente, llegamos a pensar que, a pesar de sus reiteradas afirmaciones de que no se apartará nunca de la legalidad; no quisiéramos que llegara a encontrar un vericueto para ceder ante el nacionalismo, utilizando alguna laguna o ingeniería legal que le permitiera librarse de este problema, quizá el de más envergadura al que ha tenido que enfrentarse. Sin duda que, en estos momentos, no sería aceptable una componenda que pudiera poner en cuestión nuestra integridad territorial. O así es como, señores, desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, vemos inquietos como el tema nacionalista se va envenenando cada día más.
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