Durante muchos años el Partido Popular hizo y deshizo a su antojo en la Comunidad Valenciana, con la aquiescencia del electorado, que votaba PP con fruición, entrega, entusiasmo e interés. La economía iba viento en popa y a toda vela, al menos de cara a la galería, mientras una interminable legión de ciudadanos disfrutaba de las mieles que proporcionaba la cercanía al poder. En aquel tiempo el PP, más que como un partido político, funcionaba como una agencia de colocación.

Con el viento a favor y la credibilidad por las nubes, el hoy difunto Camps decidió apuntalar su aplastante liderazgo con el feroz combate a Zapatero, a quien consiguió convertir en el enemigo público número 1 de los valencianos.

Todo lo bueno sucedía gracias al PP, y si las cosas no iban aún mejor, era por la inquina que el expresidente sentía hacia la Comunidad Valenciana.

Yendo todo tan bien, gastando tanto dinero público en proyectos faraónicos e inútiles, y con los agentes de la red Gürtel campando a sus anchas por la senda de la valencianía más propensa a la corrupción, parece que no hubo más remedio que recurrir a las trampas, a esconder facturas en el cajón y a falsificar las cuentas y el déficit en el periodo 2008-2011. Algo de lo que nos hemos enterado ahora, unos cuantos años más tarde, cuando la Unión Europea ha decidido abrir la investigación que supone el golpe definitivo a la mala imagen que desde hace más de un lustro acompaña a la Comunitat Valenciana.

Y el Partido Popular valenciano, lejos de pedir la inmediata comparecencia del diputado Camps en Les Corts Valencianes y de interponer una querella en su contra, decide volver al pasado para tratar de endilgarle la responsabilidad de lo ocurrido a Zapatero. El argumento no puede ser más infantil: la culpa es de ZP porque él era el presidente del Gobierno que mandó los datos erróneos a la Unión Europea. Los dirigentes del Partido Popular obvian de forma interesada que los gobiernos autonómicos, como todas las instituciones democráticas, disfrutan de la presunción de veracidad, y que lógicamente, el Gobierno de España de la época dio por buenas las cifras oficiales elaboradas por Camps, como no podía ser de otra manera.

Pero, ¿por qué recurre el PP valenciano una vez más al ataque a Zapatero? Seguramente porque, para lo bueno y para lo malo, Fabra, el pusilánime Fabra, es el heredero de la obra de 20 años del PP, y sabe que presentarse a las elecciones como el representante de un partido mentiroso, carcomido por la corrupción y falsificador de cifras oficiales, puede acabar en tragedia electoral. Por ello intenta desviar una vez más la atención, poniendo en marcha el tristemente célebre ventilador.

Lo que pasa es que, para su desgracia, más allá de la imagen que el presidente valenciano quiera transmitir de sí mismo, en la actualidad es percibido por la sociedad como el sucesor de Zaplana y Camps.

E infelizmente para Alberto Fabra y la secretaria general de su partido, Isabel Bonig, ya no cuela lo de culpar de todo a Zapatero. Entre otras cosas porque las miserias que durante tanto tiempo se taparon con el gracioso reparto de la publicidad institucional, ahora se publican con total naturalidad. Es tanta la cochambre existente, que no hay forma de contenerla. Máxime cuando buena parte de los que antes disfrutaban del bienestar que proporcionaba la cercanía al poder, hoy padecen los rigores ocasionados por la crisis, los recortes, el desgobierno de la Generalitat y la corrupción de personajes muy notables que han llevado a la bancarrota más absoluta a la Comunidad Valenciana.