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La UE en su conjunto y el Gobierno español, a nivel bilateral con la colaboración de otros países, están preparando operaciones que incluirán el asesoramiento y entrenamiento militar a los países del Golfo de Guinea que así lo requieran de cara a mejorar sus estructuras de seguridad para luchar contra amenazas como la piratería y el terrorismo.
Así lo ha anunciado este miércoles el ministro de Defensa, Pedro Morenés, durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde ha advertido de que en el Golfo de Guinea y el Sahel existe un "problema a medio y largo plazo" como es "la falta de unas estructuras de seguridad nacionales y regionales eficaces". "Los esfuerzos de la comunidad internacional deben centrarse en su creación y reforma", ha señalado.
Por este motivo, Morenés ha explicado que, por un lado, la UE ha diseñado una "estrategia para el Golfo de Guinea" porque "ha llegado el momento de elaborar un plan de acción que transforme la estrategia en acciones concretas para hacer frente a la situación de inseguridad".
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., (CHJ) ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la Demarcación debido a la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca. Según los datos recopilados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años.
El Gobierno está elaborando un real decreto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con protocolos para garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores LGTBI y contra la discriminación y el acoso de los mismos, contemplando que, desde la aprobación del texto, el plazo para adoptar estas medidas sea de un año.
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