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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¿Una Administración de Justicia en manos de la izquierda?

¿Hasta dónde, señores magistrados, debe llegar esta tolerancia?
Miguel Massanet
miércoles, 9 de julio de 2014, 07:30 h (CET)
“Un pueblo puede vivir con leyes injustas, pero es imposible que viva con tribunales que no administren bien y pronto la justicia”
G. Azcárate

Cada día nos impresionan con una nueva boutade y ya son tantas que nadie se sorprende; de modo que, los ciudadanos españoles, a medida que nos las dan por todas partes, hemos puesto callo y seguimos adelante convencidos de que, en este país, ya no puede pasar nada peor; pero nos equivocamos porque, al siguiente día, vuelven a la carga con ánimos renovados e ideas nuevas con las que anonadarnos, desmoralizarnos y acabar de convencernos que, con este tipo de instituciones, nuestra nación está condenada a su auto destrucción. Si de los tres poderes que, según Montesquieu, dicen que deben existir en toda democracia para garantizar que, con su independencia los unos de los otros, se garantiza el mutuo control y se evita que alguno de ellos pudiera pretender excederse en sus funciones; podemos decir, sin temor a equivocarnos, que desde hace bastante tiempo hay uno de ellos que va cojeando sensiblemente.

En efecto, no es una casualidad, una fijación ni un error de apreciación el hecho de que, una gran mayoría de los españoles pensemos que la Justicia en España está dejada de la mano de Dios, porque los encargados de impartirla han dejado de merecer la confianza del pueblo; cuando vienen pretendiendo, influidos por sus ideologías personales, aplicar las leyes según su propio criterio, asumiendo las funciones que se le viene atribuyendo por la Ley al Legislativo, compuesto por el Parlamento y el Senado de la nación, que son los encargados de promulgar las leyes en representación del pueblo. De hecho, ya no es un secreto para nadie que la Administración de justicia está politizada, que los tribunales no dictan las leyes de acuerdo a como lo quiso el legislador, sino como, desgraciadamente, parece que se ha convertido en una costumbre harto frecuente, de conformidad a la manera de pensar, a la ideología y afinidad política de los jueces y fiscales encargados de aplicarla. Lo peor es que, desde el más humilde juzgado municipal a los magistrados del TS, se están contagiando de esta epidemia de jueces legisladores, que no dudan en faltar a su deber con la Justicia con tal de favorecer a aquellas filosofías sociales con las que se sienten identificados.

Una vez más, en este caso la Audiencia Nacional, somos testigos de una de estas sentencias que levantan ampollas en la ciudadanía, que resultan incomprensibles, no sólo para los legos en derecho sino para los profesionales. Especialmente, y esto es lo grave, chocan contra el más elemental sentido común sin el cual nadie puede otorgarse la legitimidad para resolver sobre un caso de la importancia y trascendencia de éste, cuando los magistrados de la Audiencia Nacional ( el juez, Fernando Grande Marlaska, ha formulado un voto particular) han resuelto declarar inocentes a toda una serie de gamberros, en total 19, que cercaron el Parlamento Catalán, insultaron y vejaron a los parlamentarios que acudían para asistir a una de sus sesiones ( que tuvo que aplazarse) y, si la policía no hubiera intervenido, nadie sabe lo que hubiera sucedido con los representantes del pueblo, algunos de los cuales sufrieron empujones y graves amenazas.

Pero para que nadie se llame a engaño ni se sienta sorprendido y para explicar una decisión tan absurda, mejor será que conozcamos algunos antecedentes de los magistrados de la Audiencia, señores: Ramón Sáez Valcarcel y Manuela Fernández Prado. Veamos los antecedentes del ponente, señor Sáez: según los datos que hemos conseguido reunir, este señor fue uno de los más decididos defensores del juez Baltasar Garzón, apoyando sus intentos de juzgar al régimen franquista. En el año 1997, cuando era presidente de la Asociación de Derechos Humanos y uno de los 21 miembros del CGPJ, hizo unas declaraciones en las que defendió que la okupación debía ser “despenalizada”, calificando de “absolutamente desproporcionada la detención de 158 jóvenes” por “usurpación de vivienda”, “desórdenes públicos y “atentado a la autoridad”. Argumentó que “existían otras formas de proteger la propiedad”; debería habernos explicado cuáles y si lo vería con los mismos buenos ojos si la propiedad usurpada fuera la suya. Este mismo juez fue uno de los que liberó a Bolinaga y uno de los que se pronunció en contra de la “ley de amnistía” afirmando que “no fue ni una ley de punto final ni de reconciliación (una opinión muy discutible, sobre todo en boca de un magistrado). Este mismo señor fue uno de los firmantes del manifiesto de la Asociación de Jueces para la Democracia, el año pasado, en contra de la reforma del CGPJ promovida por Ruiz Gallardón. Y como colofón, el señor Sáez fue el ponente de la sentencia en la que absolvió a 40 acusados de pertenecer a Segi (la cantera de los miembros de ETA). Un buen currículum que explica muchas cosas.

En cuanto a la señora Manuel Fernández Prado, jueza de la AN, también fue de los que liberaron a los 40 miembros de Segi, alegando que “que no habían participado en acciones de kale borroka”, sin tener en cuenta que la simple pertenencia a la banda terrorista ya constituye delito y, por si faltara algo, lo hizo contraviniendo la instrucción realizada por el juez Grande Marlaska. Los maliciosos opinan que son los dos partidos principales los que pretenden que no se produzcan incidencias que pudieran entorpecer la llamada “hoja de ruta”. Esta misma señora se ha manifestado en contra de la modificación de penas para los terroristas, por considerar que las actuales ya son “una respuesta lo suficientemente dura”. En cuanto a la liberación de los 19 acusados del cerco al Parlament Catalán, tanto uno como otro, ambos magistrados, han coincidido en afirmar que no han encontrado suficientes pruebas para condenar a los acusados ( los vídeos aportados no dejan lugar a duda alguna en cuanto al comportamiento agresivo e intimidante de los detenidos) al tiempo que han apoyado su tesis considerando que “es obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de la libertad de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta o la crítica”

El fiscal había pedido 5 años y medio para los encausados, los del 15 M, la respuesta del tribunal ha sido liberarlos. ¿Hasta dónde, señores magistrados, debe llegar esta tolerancia?, ¿Habrá que esperar que le rompan la cabeza a alguien o que le tiren un tiro en una pierna, para que consideren que se excede alguien en este ejercicio?, ¿Se ha convertido este derecho fundamental de expresión en el único que debe respetarse de los comprendidos en la Constitución? Porque ¿qué pasa con los incumplimientos de sentencias de los tribunales en Catalunya, que nadie se ocupa de que se cumplan?


Se va a recurrir en casación esta absurda sentencia y esperamos que el recurso prospere para bien de la Justicia. Pero nadie va a evitar que estos jueces politizados sigan haciendo de las suyas y no es uno ni dos porque la misma Audiencia Nacional está repleta de ellos. Pero, ¿Se preocupa el CGPJ de poner remedio a estos excesos? No, señores, en absoluto, porque en dicho organismo también los componentes han sido elegidos por los políticos y algunos también forma parte del TS. El señor Rajoy tampoco ha cumplido la promesa de meter mano en el tema de la Justicia porque, como en todo, parece que tienen miedo de acometer las reformas precisas para poner orden en la Administración de Justicia; uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos desolados como la Justicia en España se va desmoronando.
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