En el ámbito de los medios de comunicación, y también en el político se está hablando, ya desde hace un cierto tiempo de la necesidad de realizar ciertos cambios en la constitución española. Incluso el partido que está gobernando debate y reflexiona en su cúpula sobre esta cuestión. Si bien, según dicen los medios, si no existe un consenso acerca de los cambios constitucionales, y acerca de lo qué se quiere modificar el partido en el gobierno quizás no tomará decisiones. Parece que en las cuestiones relativas a las autonomías, y respecto al Senado y a las diputaciones existe una tendencia a considerar que deben ser objeto de profunda revisión en sus funciones, y sobre todo del gasto que representan sin aportar, aparentemente, grandes ventajas para los ciudadanos. Aunque, a mi juicio, la descentralización del estado es positiva los gobiernos autonómicos no tienen que alcanzar niveles excesivos de autogobierno. Existe otro problema que, en mi opinión, es uno de los principales y es, precisamente, la desigualdad en la atención y los servicios proporcionados en la sanidad, educación, infraestructuras, comunicaciones, entre unas comunidades autónomas y otras. Algo que debe ser resuelto, a través de más normas específicas que partan de un ordenamiento constitucional que quizás deba ser más explicito marcando unos principios generales que señalen aspectos irrenunciables. De este modo, se garantizan derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en cualquier lugar de nuestro país.

En todo caso, el diálogo político abierto y respetuoso entre todas las formaciones políticas con representación en el parlamento parece que es la vía natural, lógica y racional para los posibles cambios del texto constitucional en los asuntos que se considere necesario. Ante la posibilidad de que las discusiones ante una hipotética reforma de nuestra carta magna se amplíen, y adquieran unas dimensiones incontrolables existe el remedio de la prudencia y el buen sentido político que favorezcan el acuerdo, y no propicien el disenso irracional, y las discrepancias sin fundamento.

Evidentemente, la elaboración de la constitución en los años setenta del pasado siglo fue algo decisivo y esencial para la transición, pero es pensable que en ciertos puntos de su articulado el texto puede ser susceptible de mejora. Porque es cierto que la realidad social, política, tecnológica y económica no es la misma en la actualidad. Y las costumbres y las formas de vida han cambiado sustancialmente en estos cuarenta años transcurridos. Además las nuevas generaciones también tienen derecho a sentirse más representadas en la ley de leyes que es la constitución, algo manifestado también por expertos periodistas de larga experiencia, en su tarea de análisis político de la realidad española contemporánea Aunque considero que los cambios en la constitución deben centrarse en los temas esenciales relativos a la cuestión de la garantía efectiva de un estado social y del bienestar mejor definido, y en la mayor igualdad económica de la población entre las comunidades autónomas respetando y reconociendo su diversidad cultural. El sistema de representación territorial de los votos en los distintos tipos de elecciones, tal vez deba ser modificado para que los resultados sean más proporcionales.

En cualquier caso, considero que pueden modificarse varios artículos de la Constitución, aunque esto es algo opinable y discutible. A mi juicio, el artículo 2 no precisa el significado de nacionalidad y región y es necesario explicitarlo claramente para evitar problemas de interpretación. En relación con el artículo 18 quizás se deba expresar mejor la importancia del secreto de las comunicaciones, y la garantía efectiva del honor y la intimidad de los ciudadanos. Respecto a los artículos 148 y 149 es necesario que aunque el estado está descentralizado para su mejor funcionamiento administrativo se precisa la delimitación clara de límites competenciales en las comunidades autónomas. Evidentemente, el tema de la reforma de la Constitución está abierto a numerosas propuestas de mejora en su articulado, aunque expresa principios que son racionales y coherentes, y que pueden ser objeto de análisis y discusión razonada.