Cuando millones de familias españolas se disponen a presentar su declaración de la renta para aportar al Estado 46 veces más que las grandes empresas escandaliza que algunos políticos pidan que se reduzca más todavía la presión fiscal, como señala en un interesante artículo el profesor Torres López. El esfuerzo fiscal en 2012 de una persona con dos hijos a su cargo e ingresos medios de 16.500 euros fue del 15,6% de su renta y de cerca del 28% si era soltera, sin hijos y con ingresos medios de 41.300 euros anuales. Mientras, las diez mayores empresas del Ibex 35 solo pagaron el 18% de su beneficio, los grupos consolidados de grandes empresas una media del 3,5%, los grandes bancos españoles solo el 5% en 2013 y los grandes patrimonios que operan a través de Sicav un 1%.

Es indigno que el presidente del gobierno español recurra a la bajada de impuestos para disimular los efectos reales de sus reformas, sin hacer que haya más justicia fiscal y que los más ricos y los grandes propietarios y banqueros también los paguen. Lo que parece evidente es que estamos ante una política preelectoral ante las convocatorias del próximo año.

Esta especie de ilusión fiscal que se intenta crear en algunos contribuyentes de rentas más bajas se le volverá en su contra porque, con tan baja carga fiscal para los más ricos, la reforma irá acompañada de una provisión de servicios públicos cada vez menor o de coste más elevado. Y se pregunta Juan Torres: “¿A quién se cree el PP que va a engañar concediendo ahora 100 euros mensuales a las familias con grandes dependientes por un coste total de unos 435 millones de euros cuando ya ha recortado casi 2.280 millones en dependencia?”

Sin haberse atrevido a una reforma fiscal en profundidad, no se puede asegurar que sus reformas en el IRPF o en el impuesto sobre sociedades vayan a disminuirla. Y la del impuesto sobre sociedades solo beneficiará a las grandes empresas que ya de por sí pagan poco: en 2011 recibían el 60% de los beneficios empresariales y solo aportaron el 24% de la recaudación de ese impuesto, según un reciente informe de Oxfam Intermón.

Cuando se incentiva más el ahorro que el consumo no se contribuye al crecimiento de la economía de un país. No hay más que ver la reacción general de la opinión pública ante la publicación del escandaloso descubrimiento de que los diputados españoles en el Parlamento europeo habían suscrito un plan de pensiones en un fondo radicado en Luxemburgo por el que, en concepto de “dietas para gastos generales”, el Parlamento Europeo inyectó a ese fondo 95 millones de euros, el doble de lo que aportaron los parlamentarios miembros de la asociación, propietaria de “todas las participaciones de la sicav”.

Ahora se ha descubierto que más de un centenar de antiguos y actuales diputados españoles en Bruselas actuaron en contra de la prohibición expresa de mantener dos fondos de pensiones pues todos los españoles tienen una en el parlamento español. Causa rubor oírles decir que “cada uno con su dinero hace lo que quiere” o que “ignoraban que se tratase de una Sicav”. Máxime cuando el exministro Arias Cañete, actual jefe de los diputados populares en el Parlamento europeo, no sólo es beneficiario de ese plan de pensiones sino que, en su tiempo, fue uno de los gerentes del mismo.

Que a estas alturas muchos políticos condenen los paraísos fiscales, los fraudes sistemáticos, o la tributación de empresas españolas en otros países como Irlanda o que hasta hace unos días los deportistas de élite disfrutasen de una situación fiscal privilegiada mientras cerca de cinco millones de españoles están en el paro, decenas de familias han sido desahuciadas de sus hogares y en torno a un 40% de niños padezcan malnutrición crónica ayuda a comprender por qué muchos ciudadanos hayan respondido con interés a las convocatoria de movimientos populares más radicales que las tradicionales izquierdas españolas.