Los datos sobre la situación de falta de una nutrición adecuada de una parte considerable de la población infantil en nuestro país que alcanzaba en 2012 más de dos millones de niños y niñas son estremecedores. Expresado de un modo más claro un porcentaje considerable de niños, y también de adultos no puede alimentarse suficientemente y tiene que prescindir de la cena o el desayuno y hacer una sola comida al día, algo que es indignante, y que viola los derechos humanos y la constitución española en lo relativo a los derechos de la persona explicitados en su artículo 10.

Pero la pobreza y situación de desamparo real se extiende en una parte de los ciudadanos a las cuestiones de la vivienda, y al derecho a una vida digna en el denominado estado social de bienestar que, en teoría, afirma el ordenamiento constitucional. Aunque existen distintas medidas ya en funcionamiento como el salario social, y otras similares en el ámbito de la protección social a la familia, y a todas las personas en situación de exclusión o que disponen de muy bajos o nulos ingresos, estoy convencido de que no es suficiente. Porque la experiencia señala que en muchos casos los retrasos y la burocracia complican el rápido cobro de las ayudas económicas de las familias que las necesitan urgentemente. Y para priorizar la rapidez y acelerar la concesión de prestaciones económicas a las personas y niños que las requieren justificadamente es preciso agilizar los procesos.

En todo caso, en mi opinión, el mayor problema quizás es la aportación de fondos económicos suficientes, por parte del estado o de las comunidades autónomas, para que en ningún caso exista, ni siquiera una familia, niño o persona que no disponga de los mínimos medios económicos para vivir con dignidad, y poder alimentarse bien. Aunque, considero que el gobierno de la nación debe arbitrar medidas económicas que aseguren la celeridad en la solución de estos gravísimos problemas de pobreza que ya existen en España. Y si es necesario aportar mucho más dinero a las ONG que reparten comida y ayuda solidaria porque es más sencillo, y menos costoso que impulsar otro tipo de procedimientos pues adelante.

No se trata únicamente de reducir paulatinamente la pobreza infantil es urgente hacerla desaparecer ya con una actitud política más radical y efectiva poniendo sobre la mesa los medios económicos indispensables para esta labor. Y considero con la magnitud de la economía española y de la recaudación tributaria total esto es perfectamente posible. Se trata de definir lo más prioritario que, evidentemente, es la eliminación inmediata de las situaciones de desprotección social.

Según indica un medio informativo escrito español España es el segundo país europeo que menos reduce su pobreza infantil, y las ayudas sociales en nuestro país tan sólo la reducen en un 6,9%. Es cierto que la crisis económica ha afectado a todos los países europeos de un modo considerable, pero esto no puede servir de justificación para no tomar decisiones que acaben con el incumplimiento de la protección integral de las familias, y de los ciudadanos en todos los casos, sin excepciones.

Como señala el punto 1 del artículo 39 de la Constitución española: «Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia». En definitiva, considero que no se debe suponer que los Derechos Humanos y los principios constitucionales son algo abstracto, y puramente teórico que no pueden ser aplicados realmente en la vida cotidiana de todas las personas. Porque si los políticos que ejercen los poderes del estado se conforman con este planteamiento me parece que las vías de solución dejan de ser operativas.