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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Querella contra el Estado y Afinsa

Antonio Pérez Gallego
Redacción
sábado, 4 de noviembre de 2006, 13:06 h (CET)
Poco ha tardado el juez que instruye el caso de Afinsa, Santiago Pedraz, en desestimar la querella que un bufete de abogados había presentado, en representación de un grupo de afectados.

Apenas conocida la noticia, se publicó en medios periodísticos que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, intentaría evitar -a
pesar de no corresponder directamente a su función -la tramitación del
procedimiento por el coste político que para el gobierno podría suponer.

A pesar de no ser la primera querella en la que se responsabiliza a la administración estatal, su conocimiento había levantado el ánimo de los afectados, bastante maltrecho ante el olvido mediático del que es objeto.

Quisiera subrayar que la citada responsabilidad está siendo reconocida, tímidamente, desde fuentes gubernamentales y, con más contundencia, desde otros círculos políticos o sociales.

Ante la opinión contraria a la responsabilidad del Estado, demostrada por las organizaciones de consumidores pertenecientes al Consejo de Consumidores y Usuarios y, muy concretamente, al mensaje reiterativo de ADICAE, en la misma línea, y en catalogar la actividad de las empresas como financiera -en contra de la propia ley- o de hacer “adivinaciones” sobre el importe futuro a recuperar, debe ser el colectivo afectado y las organizaciones independientes que los representan, quienes deberían auspiciar nuevas querellas, encaminadas a demandar la citada responsabilidad, haciendo que su equipo jurídico lo canalice de forma adecuada para no ser desestimado en su forma o por no ser de la jurisdicción del Juzgado al que deben ser dirigidas.

Un colectivo que, a pesar del desconcierto inicial y de la ejemplaridad de sus respuestas, camina en la dirección de su unificación y al que “no le tiembla el pulso” al señalar a los responsables principales del atropello del que han sido víctimas.

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