Una vez más, los ciudadanos de todas las Comunidades Autónomas, hemos de vivir en tensión las jornadas electorales de Cataluña. Una vez más, la cerradura del Gobierno, no del catalán, sino del de la Nación, está en manos de unos pocos, aquellos que componen la llave pactista que ha de chantajear, sin recato moral alguno, al partido de turno que rige los destinos de todos.

La leyes electorales que nuestra democracia sustentan son, en algunos de sus presupuestos básicos, endebles armazones incapaces de soportar el peso de la lógica más elemental.

Resulta bochornoso que mediante una política de pactos se pueda, contra natura, tergiversar la decisión popular, manipular el voto hasta darle la vuelta a los resultados.

Y aún nos parece más patético y delirante que en una democracia, que se supone es un sistema político en el que la voz de la mayoría manda, sean siempre los estridentes griteríos de unos grupúsculos de bocazas, voceros del independentismo más recalcitrántemente insolidario y egoísta, los que tengan en sus manos la manivela que atenaza con pulso firme el garrote vil que amenaza el delicado y fino cuello del Presidente del país.

La democracia española debería preocuparse en avanzar sin tapujos en la dirección de modificar su imperfecto sistema, imponiendo, por una parte, un sistema directo para la elección de sus representantes y, por otra, impidiendo la política de pactos (similar a la de los tránsfugas) y las tiranías de las minorías, pero también el bipartidsmo.

Políticos elegidos directamente por los ciudadanos, escogidos con conocimiento de causa de entre los que concurran libremente a unas listas abiertas.

Modificación de los cálculos de escaños en función del número de votos, corrección de los errores de la Ley D´Hondt que favorecen mayorías con escasa diferencia de votos.

Pero tampoco podemos permitir que TODA la política española dependa, en última instancia, de dos comunidades, la catalana y la vasca, cuyo peso en el estado debería ser el mismo que el del resto.

Los españoles estamos cansados de que el debate político, y las decisiones y leyes que de él se derivan, acaben siendo fruto de la esclavitud a la que un Gobierno se somete para comprar la estabilidad, para pagar a sus socios al igual que en la Edad Media pagaba el rey a sus vasallos, los señores feudales, con tierras y títulos.