La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al exconsejero de Solidaridad y diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, a la pena de 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por malversar con ayudas destinadas a proyectos de cooperación en Nicaragua.

Así consta en el fallo de la sentencia dictada por el tribunal valenciano en relación con la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigaban presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.

Rafael Blasco mantuvo su inocencia a lo largo de toda la instrucción y hasta el último día del juicio, en el que hizo uso de su última palabra para defender que "siempre" había estado al lado de la ley, y criticó que la Generalitat valenciana le acusase --acusación particular-- cuando "siempre" le defendió y avaló su gestión.

Junto a Blasco, el tribunal ha condenado a Tauroni a la pena de 8 años de prisión y 20 de inhabilitación; y a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuán a 7 años, seis meses y un día de cárcel.

Así mismo, el exsubsecretario de la Consejería Alexandre Català cumplirá 4 años, seis meses y un día de cárcel; al igual que el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares.

Por su parte, la condena para el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, es de 3 años de cárcel; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, de 4 años de prisión; y para una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, 3 años y seis meses.

El único de los procesados que no tiene pena de cárcel es el ex director general Josep María Felip, a quien se le han impuesto siete añosa de inhabilitación.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba hasta 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco. Por su parte, la Generalitat, personada como acusación particular, reclamaba hasta once años y medio de cárcel para el exconsejero, mientras que el PSPV pedía 15. Para el resto de acusados, la petición de Fiscalía oscilaba entre los cuatro y los 13 años, mientras que las otras acusaciones reclamaban entre cuatro años y medio y once de prisión.