El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura afirmó este viernes que la responsabilidad del Vaticano en los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y otros religiosos católicos no se limitan a la Santa Sede, sino que incluye a terceros países.

En sus conclusiones tras la primera revisión al Vaticano como Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, presentadas en Ginebra (Suiza), este Comité rebatió el argumento de la Santa Sede de que no tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos por sus representantes en otras naciones.

El Comité recordó que la Convención estipula que “todos los funcionarios públicos o personas que actúen en una capacidad oficial” deben cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado del Vaticano en virtud de ese tratado.

En este contexto, el Comité señaló que el Vaticano debe tomar medidas para controlar y evitar que su personal cometa o consienta más actos de tortura.

Asimismo, indicó que la Santa Sede debe detener esas conductas y sancionar a quienes violen los principios de la Convención e instó a este Estado a investigar las denuncias y a suspender inmediatamente de sus labores a los presuntos responsables de atropellos para evitar continúen los abusos o intimiden a las víctimas.

Agregó que cuando se encuentre responsable a algún sacerdote o representante de la Iglesia católica, se le debe sancionar adecuadamente, incluyendo la expulsión del servicio clerical.

Además, el Vaticano deberá notificar a las autoridades civiles del lugar donde se hayan cometido los presuntos delitos para que éstas investiguen y procesen a los perpetradores cuando sea el caso.

Finalmente, el Comité pidió una reparación para las víctimas, independientemente de que el responsable haya sido o no juzgado.