El gobernador del estado estadounidense de Tennessee, Bill Haslam, ha firmado este jueves un proyecto de ley que permitiría el uso de la silla eléctrica para ejecutar a los condenados a muerte cuando el estado sea incapaz de obtener los compuestos necesarios para la inyección letal.
La controversia en torno la inyección letal se ha estado gestando en los últimos años después de que los fabricantes europeos, incluido el fabricante de 'pentobarbital', con sede en Dinamarca, prohibiesen a las prisiones estadounidenses el uso de sus medicamentos en las ejecuciones.
Muchos estados han luchado para encontrar los productos desde el extranjero o han utilizado las farmacias de compuestos especializados para crear sustitutos, según ha informado la cadena estadounidense CNN.
En 2008 el Tribunal Supremo de Nebraska, último estado en usar la silla eléctrica, declaraba inconstitucional la pena de muerte por electrocución y dicha pena quedaba totalmente desterrada en Estados Unidos por ser un castigo "cruel y excepcional".
Sin embargo, aunque la inyección letal es el método de ejecución principal en todos los estados que tienen la pena capital, algunos de ellos permiten que los reclusos elijan si prefieren morir por electrocutados, ahorcados o fusilados.
En declaraciones a la agencia Reuters, el director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, advirtió el pasado mes de abril, cuando el Senado aprobó el proyecto de ley, de que estallarían las batallas judiciales si un preso fuese condenado a la silla eléctrica.
El gobernador del estado estadounidense de Tennessee, Bill Haslam, ha firmado este jueves un proyecto de ley que permitiría el uso de la silla eléctrica para ejecutar a los condenados a muerte cuando el estado sea incapaz de obtener los compuestos necesarios para la inyección letal.
La controversia en torno la inyección letal se ha estado gestando en los últimos años después de que los fabricantes europeos, incluido el fabricante de 'pentobarbital', con sede en Dinamarca, prohibiesen a las prisiones estadounidenses el uso de sus medicamentos en las ejecuciones.
Muchos estados han luchado para encontrar los productos desde el extranjero o han utilizado las farmacias de compuestos especializados para crear sustitutos, según ha informado la cadena estadounidense CNN.
En 2008 el Tribunal Supremo de Nebraska, último estado en usar la silla eléctrica, declaraba inconstitucional la pena de muerte por electrocución y dicha pena quedaba totalmente desterrada en Estados Unidos por ser un castigo "cruel y excepcional".
Sin embargo, aunque la inyección letal es el método de ejecución principal en todos los estados que tienen la pena capital, algunos de ellos permiten que los reclusos elijan si prefieren morir por electrocutados, ahorcados o fusilados.
En declaraciones a la agencia Reuters, el director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, advirtió el pasado mes de abril, cuando el Senado aprobó el proyecto de ley, de que estallarían las batallas judiciales si un preso fuese condenado a la silla eléctrica.
Las economías en desarrollo de Asia y el Pacífico crecen de manera sostenida, previsiblemente 4,9 por ciento en 2023 y en un porcentaje similar lo harán el año próximo, según las previsiones del Banco Asiático de Desarrollo (BAD). En cuanto a la inflación, se espera que se modere en 2024 y 2025, después de haber sido impulsada por el aumento de los precios de los alimentos en muchas economías durante los últimos dos años.
Hace un año estalló la guerra en Sudán y los llamamientos para detenerla crecen cuando se avecina el primer año de ese conflicto, que se ha cobrado unas 15.000 vidas de civiles y desplazado de sus hogares a más de seis millones de personas.
Un año después del estallido de los combates, Sudán se enfrenta a una de las crisis humanitarias más graves de todo el mundo: 24 millones de personas tienen necesidad de asistencia humanitaria. Tras estas cifras también se oculta la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con más de 8 millones de personas desplazadas internamente en Sudán o que buscan refugio en países vecinos desde el inicio del conflicto, el 15 de abril del pasado año.
