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El caso Almería

Hoy se cumplen 33 años del atentdo de ETA contra el general Valenzuela
Francisco Cano Carmona
sábado, 10 de mayo de 2014, 11:05 h (CET)
Hoy se cumplen nada más y nada menos que 33 años de aquel desgraciado suceso que conmocionó a los almerienses y al conjunto de la sociedad española cuando el 10 de mayo de 1981 la noticia del brutal asesinato de tres jóvenes saltó a los medios de la entonces todavía incipiente España democrática.

La historia comienza el 7 de mayo en Madrid cuando la banda terrorista ETA atenta contra el general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, que resulta herido de gravedad mientras que sus tres acompañantes mueren en la explosión del coche bomba. Inmediatamente después, las fotos de los presuntos asesinos aparecen en todos los medios de comunicación: Bereciartúa y Mazusta son puestos en busca y captura.

A muchos kilómetros de Madrid, en Santander, el santanderino Luis Montero, el salmantino Luis Cobo y el almeriense Juan Mañas, amigos y compañeros, se ponían en camino en dirección a Pechina (Almería) para asistir a la comunión del hermano pequeño de este último sin saber que jamás llegarían a la celebración y que la muerte los esperaba a manos de una Guardia Civil que todavía se creía la mano ejecutora de un régimen extinto.

Cuando los tres jóvenes son detenidos en Almería por once agentes, son llevados al cuartel de la benemérita, donde se trató por todos los medios de que confesaran ser los autores del salvaje atentado contra el general Valenzuela. El teniente coronel Carlos Castillo Quero ordena que los jóvenes sean torturados hasta lograr una confesión que jamás se obtuvo, y durante dos días no se supo nada de los tres amigos.

El 10 de mayo, sólo tres días después del atentado en Madrid, un coche calcinado con tres ocupantes aparece en un barranco de la carretera de Gérgal (Almería). La escena era dantesca: una de las víctimas había perdido un ojo y recibido varios disparos alrededor del corazón; otra, un brazo; y todos presentaban signos evidentes de haber sido salvajemente torturados.

De acuerdo con la versión oficial de la Guardia Civil, los tres detenidos trataron de huir cuando un coche oficial los llevaba a Madrid después de haber confesado pertenecer a la banda armada ETA y ser los artífices del atentado contra Valenzuela y sus hombres. Algo que, como más tarde se supo, resultaba completamente absurdo y falso.

Un año después se celebró el juicio contra tres de los once agentes presentes desde la detención a la muerte de los jóvenes, entre ellos se encontraba el propio Castillo Quero. Se dictaminó que las familias de las víctimas recibieran cuatro millones de pesetas y se retiró del servicio a los tres guardias juzgados, que mantuvieron en todo momento la criminalidad de sus víctimas.

El juicio fue especialmente complejo y delicado, pues era la primera vez que se sentaba a la Guardia Civil en el banquillo de los acusados desde la caída del régimen franquista, y por la naturaleza del origen del caso, nada más y nada menos que terrorismo, tanto de ETA como de la propia Guardia Civil; aunque no se consiguió jamás que las victimas fueran reconocidas como víctimas del terrorismo, un terrorismo aplicado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra sus propios ciudadanos, una vuelta atrás en la recién nacida España democrática que podía dar al traste con las esperanzas de una población que todavía no terminaba de creer que el terror de la dictadura había pasado ya.

Casos parecidos se han registrado en toda España y en la provincia, donde todos recordamos el asesinato del agricultor de El Ejido a manos de la benemérita cuando acudió al cuartel a denunciar; y es susceptible de poder saltar al candelero de la prensa en cualquier momento, especialmente ahora que las tensiones entre fuerzas de seguridad y población civil están tan de moda como consecuencia de las numerosas protestas que vive el país.

Lo que este caso debe recordarnos es que la violencia salvaje, justificada o injustificada, siempre se cobra víctimas inocentes y que, al final, son las familias quienes sufren la pérdida de los seres queridos. Este caso debe convertirse en un llamamiento a la concordia entre españoles y entre los diferentes sectores y clases que componen nuestra sociedad.

Y mientras tanto, no nos queda sino seguir reclamando transparencia en la lucha contra el terrorismo, el cumplimiento íntegro de las penas, y el reconocimiento merecido que todos los españoles debemos a las víctimas de la barbarie terrorista.

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