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Etiquetas:   Adif   Corrupción   -   Sección:   España

El Tribunal de Cuentas investiga sobrecostes en las obras del AVE a Cataluña por 400 millones

Operación Yogui
Redacción Siglo XXI
@DiarioSigloXXI
miércoles, 7 de mayo de 2014, 06:03 h (CET)
El Tribunal de Cuentas tiene abierta una investigación judicial por sobrecostes en las obras del AVE a Catalunya por un importe superior a los 400 millones de euros, que transcurre en paralelo con la que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción y que ha provocado la detención de una decena de personas, incluyendo directivos de Adif.

Según recuerda la entidad fiscalizadora, en su informe de 2013 sobre las obras de la línea férrea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se pusieron de manifiesto una serie de hechos irregulares que fueron puestos en conocimiento de su sección de enjuiciamiento, la que se encarga de depurar responsabilidades contables en la Administración.

En concreto señala el incremento del precio del contrato para la construcción de la Plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrasa por un importe de 247 millones de euros, lo que representó un 230% de incremento del precio de adjudicación del contrato.

También advirtió deficiencias en el proyecto para las obras de construcción de los tramos Castellbisbal-Papiol, Hospitalet-Can Tunis y La Torrasa-Sans, que a su vez determinaron la necesidad de realizar modificados de los contratos primitivos y/o contratos complementarios de los mismos, cuyo precio total ascendió a 18,2 millones de euros los del primer tramo, a 23,7 millones los del segundo y a 126,64 millones los del tercero, "sin que conste que se hubiera promovido la exigencia de responsabilidad alguna a los contratistas respectivos".

A resultas de aquel informe, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió las Diligencias Preliminares 106/2013, que en la actualidad se encuentran en fase de investigación para determinar "las circunstancias en las que se produjeron los hechos, la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales públicos, datos que resultan imprescindibles para poder ejercitar las acciones encaminadas a exigir su resarcimiento".
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