J.V.C., que fue condenado en 2012 a dos años de prisión por abusar de su sobrina, una menor que entonces tenía ocho años, y a libertad vigilada durante los seis años siguientes al cumplimiento de la pena de prisión, continúa viviendo frente al domicilio de su víctima, que ahora tiene 11 años, en la barriada del Torrejón en Huelva.
En declaraciones a los periodistas la letrada de la familia, María Teresa Largo, ha explicado que este hombre "debería entrar en prisión, pese a que esta primera pena no lo obligaba a entrar en la cárcel porque en los últimos meses ha acumulado otras penas por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta".
En este sentido, ha detallado que "existe una sentencia firme que fue de conformidad por abusos sexuales a la menor; ha incumplido la orden de alejamiento en dos ocasiones y hay tres diligencias nuevas en fase de instrucción por nuevos quebrantamientos".
Largo ha pedido su ingreso en prisión porque cuando dos juzgados de lo Penal dictan estas órdenes de quebrantamientos "ya sí tenía una condena firme, la de abusos", el problema radica, según explica, en que "el Penal tiene que ejecutarlo y no lo hace por colapso porque lleva retraso".
De igual modo, ha detallado que la Audiencia no ejecuta la condena porque los quebrantamientos se producen después, ya que cuando dicta la sentencia este individuo carece de antecedentes.
"Este hombre condenado a dos años por abusos sexuales, más los quebrantamientos, tiene delitos para cumplir penas de prisión, además no ha indemnizado a la víctima y no ha abonado las costas judiciales", ha asegurado la abogada, quien ha destacado que el problema "ha sido el retraso en el cumplimiento de la ejecutoria y debería entrar en prisión, entre otras cosas, porque sigue delinquiendo".
Por último, ha remarcado que "el problema es muy sangrante y la madre de la menor ha acudido a todos los sitios para pedir ayuda, no lleva una familia normal y no tiene medios para salir de la vivienda porque teóricamente debería irse el agresor".
J.V.C., que fue condenado en 2012 a dos años de prisión por abusar de su sobrina, una menor que entonces tenía ocho años, y a libertad vigilada durante los seis años siguientes al cumplimiento de la pena de prisión, continúa viviendo frente al domicilio de su víctima, que ahora tiene 11 años, en la barriada del Torrejón en Huelva.
En declaraciones a los periodistas la letrada de la familia, María Teresa Largo, ha explicado que este hombre "debería entrar en prisión, pese a que esta primera pena no lo obligaba a entrar en la cárcel porque en los últimos meses ha acumulado otras penas por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta".
En este sentido, ha detallado que "existe una sentencia firme que fue de conformidad por abusos sexuales a la menor; ha incumplido la orden de alejamiento en dos ocasiones y hay tres diligencias nuevas en fase de instrucción por nuevos quebrantamientos".
Largo ha pedido su ingreso en prisión porque cuando dos juzgados de lo Penal dictan estas órdenes de quebrantamientos "ya sí tenía una condena firme, la de abusos", el problema radica, según explica, en que "el Penal tiene que ejecutarlo y no lo hace por colapso porque lleva retraso".
De igual modo, ha detallado que la Audiencia no ejecuta la condena porque los quebrantamientos se producen después, ya que cuando dicta la sentencia este individuo carece de antecedentes.
"Este hombre condenado a dos años por abusos sexuales, más los quebrantamientos, tiene delitos para cumplir penas de prisión, además no ha indemnizado a la víctima y no ha abonado las costas judiciales", ha asegurado la abogada, quien ha destacado que el problema "ha sido el retraso en el cumplimiento de la ejecutoria y debería entrar en prisión, entre otras cosas, porque sigue delinquiendo".
Por último, ha remarcado que "el problema es muy sangrante y la madre de la menor ha acudido a todos los sitios para pedir ayuda, no lleva una familia normal y no tiene medios para salir de la vivienda porque teóricamente debería irse el agresor".
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron durante 2023 un total de 24.581 denuncias por desaparición que corresponden a 15.126 personas diferentes, según el balance difundido por el Ministerio del Interior. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el ministerio va a empezar a prestar atención psicológica gratuita a los familiares de las personas desaparecidas.
Actualmente, cuando despiden a una persona trabajadora de manera improcedente, ya sea porque se carece de una justificación legal o porque no se ajusta a la legislación vigente, ésta recibe una compensación económica que se establece en 33 días de salario por año trabajado con prorrateo mensual para periodos inferiores a un año y hasta un límite de 24 mensualidades. Pero los sindicatos han considerado que esta indemnización es muy baja.
En la actualidad, la evolución de la tecnología y el acceso a internet han abierto un abanico de posibilidades, no sólo para los adultos sino también para los más pequeños. Un smartphone permite realizar cualquier gestión o transacción en apenas unos segundos y, según datos del INE, siete de cada diez niños de entre 10 y 15 años disponen de un teléfono móvil.
