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Etiquetas:   El crisol   -   Sección:   Opinión

Pacto anticorrupción

Pascual Mogica
Pascual Mogica
jueves, 26 de octubre de 2006, 02:27 h (CET)
Cuando desde el Gobierno le lanzan al presunto líder del PP, Mariano Rajoy, la conveniencia de formalizar un pacto contra la corrupción urbanística, es muy normal que Rajoy lo rechace, tan normal como su argumento de que no hace falta ningún tipo de pacto, que lo que hay que hacer es que los jueces y fiscales actúen.

Rajoy, no tiene temor alguno a que cargos públicos de su partido puedan situarse al margen de la Ley porque le consta que a estos no les puede ocurrir absolutamente nada. La gente del PP siempre ha salido incólume e impoluta en cualquier situación en la que por diversas causas se han visto ante un juez. Recordemos, por poner algún ejemplo el “caso Ertoil” en el que se intentaba averiguar que había pasado con los miles de millones de pesetas que generó la venta de esta empresa y que nadie, al decir nadie me refiero a sus accionistas, vieron un solo céntimo. Resulta que Piqué, como máximo responsable de dicha sociedad fue quien firmó los documentos de venta y “no tenía ni idea” de donde habían ido a parar esos miles de millones. Después de mucho trasiego por los palacios de justicia resulta que a Piqué ni tan siquiera se le imputó porque según el Fiscal General de Estado, Jesús Cardenal, “los indicios y los sospechas existen pero no son suficientes como para pedir que al ministro de Asuntos Exteriores –Piqué- se le cite como imputado en el caso Ertoil”.

Lo mismo sucedió con Jaume Matas, otro ministro de Aznar al que Cardenal también libró. Y lo mismo se dio con el “caso del Lino”. Creo que no hace falta decir más, salvo señalar, una vez más, el caso del ex alcalde de Orihuela y ex conseller de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, Luis Fernando Cartagena, que se quedó con más de ocho millones de pesetas que unas monjitas que regentaban un hospital de caridad en Orihuela que, a la hora de ser cerrado contaba con ese superávit, pusieron en manos del alcalde para que a través del ayuntamiento se diese una aplicación social al mismo. El alcalde consideró más conveniente “aplicárselos” asimismo, pero cuando se descubrió el pastel la cosa pasó a los juzgados y el “espabilado” alcalde fue condenado a cuatro años de prisión. Esto fue el 14 de marzo de 2.002 y aún lo están esperando en la cárcel para internarlo. Cualquier pobre “tironero” estaría ya purgando su delito entre rejas.

¿Qué puñetas de pacto contra la corrupción le hace falta al PP? En el PP no hay corruptos. ¿O sí?

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