El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional que su formación disponía de 'caja B' en "todas las provincias y regiones" que se destinaba a la financiación de las campañas electorales. "Suponíamos que en todos los sitios tenían", dijo en su declaración del pasado 10 de abril, para añadir: "Ni supervisábamos ni queríamos saber".

Respecto a los cargos encargados de gestiones estas 'cajas', Bárcenas indicó que normalmente las llevaba "el secretario regional del partido en cada sitio, y el tesorero del partido". "Vamos a ver... la realidad es que en cualquier provincia, en cualquier región de cualquier partido hay donaciones, especialmente cuando son campañas de índole municipal y autonómica", agregó, según refleja la transcripción íntegra de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press.

"Eso se plantea en todos los niveles de la organización. Se plantea a nivel nacional y eso sirve para que la campaña nacional tenga un plus de fondos que se pueden dedicar a determinadas acciones y se plantea en las sedes provinciales y las sedes autonómicas con un criterio similar en las campañas que les afectan a ellos", agregó.

"No se salva ningún partido, absolutamente ninguno", apuntó y explicó que hay gente que "sencillamente quiere colaborar con las personas que se presentan a las elecciones y contribuir a las campañas".

El extesorero se refirió a la existencia de esta contabilidad opaca en las sedes regionales 'populares' en respuesta a las preguntas formuladas por las fiscales Anticorrupción Concepción Nicolás y Concepción Sabadell.

"Por lo que usted sabía, por lo que a usted le constaba, las sedes regionales y en las sedes provinciales también debía de llevarse una contabilidad o unos papeles semejantes a los suyos, ¿es así?", preguntó Anticorrupción, a lo que Bárcenas contestó: "Así es".

El extesorero explicó que las distintas cajas existían porque "en todos los sitios hay donantes". "Hay una campaña en Cáceres o en Badajoz, y hay un señor empresario que quiere aportar dinero para esa campaña, y eso pasa absolutamente en todas las provincias, entonces somos conscientes o éramos conscientes de que eso sucedía así, pero no interveníamos en nada de eso".

Poderes como secretario general
Durante el interrogatorio de cinco horas de duración, Bárcenas se refirió también a los poderes que el PP le confirió tras ser nombrado primero como gerente y después como tesorero del partido. "Yo los poderes que he tenido siempre, y hasta que se me nombra en junio de 2008 tesorero del partido, son poderes específicos para contratación y para temas relacionados con la gestión de recursos humanos", indicó.

Según su versión, pasó a tener poderes que le permitían disponer de las cuentas corrientes cuando se le nombra tesorero en el congreso de junio del 2008 y dejó de disponer de ellos en el mes de marzo de 2010.

Esta afirmación se contradice con la declaración prestada el pasado mes de agosto por la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que aseguró que el partido le retiró el apoderamiento en octubre de 2009.

"Yo esa afirmación la he oído, y es posible evidentemente, pero revocar el poder si no se le comunica a la persona que tiene el poder... hombre, es una barbaridad", aseguró el extesorero que indicó que nunca se le comunicó la retirada del apoderamiento.

"Si ese poder estaba revocado, yo he seguido firmando en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en teoría sin tener poder. El poder no basta con revocarlo, sino que hay que entregarlo a los bancos para que sepan que el poder está revocado. Si esta señora revocó mis poderes en octubre de 2009, y no se lo comunica al revocado, y no lo comunica a las entidades bancarias... no sé qué figura es esa, pero yo habría estado actuando sin apoderamiento", agregó.

El juez Ruz dió el pasado día 15 cinco días de plazo al PP para que aporte la totalidad de las escrituras que ha venido otorgando desde 2007 a favor del extesorero para actuar en dicha condición y en la de gerente. Trata de acreditar la eventual "responsabilidad tributaria que pudiera alcanzar" la formación política.