La Política y la Justicia caminan de la mano, como dos buenos amigos, o tal vez como pareja de hecho, y ya que ambos términos son femeninos, incluso se dé entre ellos un convenido matrimonio lésbico.

La consabida y propugnada separación de poderes es una utopía que nos parece inalcanzable.

El ser humano, ser humano es, y en su naturaleza lleva implícito el pecado más odiado por los dioses: su innato deseo de tomar partido, de no permanecer impasible ante la vida, de no ser estatua de mármol, un "ahí me las den todas". El ser humano necesita alimentarse, beber y respirar para vivir, pero para trascender de si mismo necesita implicarse de modo decisivo en el desarrollo de los acontecimientos que le rodean.

Por eso digo que, a pesar de las trabas que pongamos en el camino, la separación de poderes es una utopía que queda relegada al ámbito de "lo externo". Así, el militar tiene restringido su derecho a manifestar públicamente sus opiniones políticas, al igual que a los jueces se les presupone, de partida, una independencia absoluta.
Y sin embargo, el militar ha tomado partido en numerosas ocasiones a lo largo de nuestra historia (la reciente, incluso), y la judicatura es, hoy por hoy, uno de los poderes del Estado que más politizados se encuentran.

Nos basta ver, sin remontarnos a otros hechos del pasado, cómo en el asunto del 11-M, el drama de secuelas en forma de familias destrozadas fue sustituido por una lucha sin cuartel en el ámbito político que ahora se adentra en los recovecos más oscuros del judicial.

Las investigaciones del diario El Mundo han sacado a la palestra turbios tejemanejes policiales que, unidos a las no menos embarradas actuaciones judiciales, y sin entrar a valorar si la razón está de los unos o de los otros, pues eso debe considerarlo "la imparcial Justicia", han puesto de manifiesto lo endeble de nuestro sistema de separación de poderes.

Que el consejo del Poder Judicial barre en sus decisiones hacia diestras o siniestras, como fruto mismo del politizado método empleado para decidir su composición, o que un juez metido a diputado no debería tener la posibilidad de retornar a la carrera judicial, como si tan sólo hubiera disfrutando de unas vacaciones, son muestras más que patentes de que la democracia precisa aún de cirujanos talentosos y duchos en el arte del bisturí, que sepan cortar por lo sano en aquellas prácticas que denotan una escasa imparcialidad, una conculcación notoria de la obligación constitucional de separar los poderes del Estado de forma fehaciente, y no meramente testimonial en lo que no parece sino tinta ilegible en una emborronada hoja de papel mojado, eso sí, adornada con un bonito y rimbombante sello de lacre rojo sangre.